Se trata de la mamá y la abuela de Antonella Mirabelli, la joven de Rosario del Tala que se negó a recibir asistencia médica por sus creencias religiosas. Hoy declararán ante la fiscal Silvina Cabrera. Se abre un debate complejo sobre los límites de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos.
La mamá y la abuela de Antonella Mirabelli fueron imputadas de los delitos de ayuda al suicidio e instigación al suicidio, respectivamente. La acusación recayó sobre Verónica Rodríguez y Graciela Rocca, quienes son la madre y la abuela de la joven que falleció en mayo de 2013 en Rosario del Tala, como consecuencia de un cuadro de anorexia nerviosa por falta de tratamiento médico. La joven pesaba 31 kilos cuando dejó de existir. Hoy declararán en Tribunales de Paraná ante la fiscal Silvina Cabrera, a partir de las 9.
La causa comenzó a sustanciarse bajo la carátula Rodríguez, Verónica y Rocca, Graciela, sobre instigación al suicidio, expediente 1.135. El juez de Garantías que entiende en la causa es Mariano Alberto López. La calificación legal es Ayuda al suicidio en el caso de Rodríguez e Instigación al suicidio en el de Rocca.
El caso conmocionó a la opinión pública nacional, que se hizo eco del hecho, puesto que ambas mujeres profesan una cosmovisión religiosa que pone a Dios como primera y última razón de la vida y la salud de las personas.
José Velázquez y Emiliano Rodríguez representan a ambas imputadas. En declaraciones a EL DIARIO, Velázquez señaló que “en una primera aproximación habría que descartar hablar de secta o de religión misteriosa y empezar a respetar el derecho de Antonella a elegir libremente su modo de vida”. En ese sentido añadió: “De la misma manera que la mamá y la abuela la acompañaron y respetaron, el Estado debería hacer lo mismo”.
EL CASO. Según precisaron fuentes judiciales, en septiembre de 2012, Claudio Rodríguez, padre de la chica presentó ante la Defensoría de Pobres y Menores una queja por la situación que atravesaba su hija. En la presentación cuestionaba que aún estando enferma su hija, por sus creencias, se negaba a recibir tratamiento médico. También el Juzgado Civil y Comercial intervino en el caso e inició trámites, pero no prosperaron porque la joven era mayor de edad y había que respetar su voluntad.
La causa es de mucha complejidad y ambas partes tienen sólidos fundamentos para sostener sus posiciones. Así, el debate se encaminaría hacia la definición de los límites del Estado en su intervención en la vida de los ciudadanos. La cuestión sobre la que versarán los argumentos será si la vida es un bien jurídico protegido más relevante que la libertad.
En este sentido, Velázquez aportó su punto de vista del meollo sobre el que versará una importante parte de la causa: “Hasta qué punto el Estado le puede imponer a los ciudadanos sus valores morales, que en este caso sería entender que el valor por la vida está por encima de la libertad”.
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