Con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la cámara de diputados dio el visto bueno a la propuesta de modificación de la ley 26.190, elaborada por Marcelo Guinle, el senador del Frente para la Victoria, que se propone lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformada por energías renovables.
Cerca de las 7 de la tarde la Cámara de Diputados comenzó el debate, que se estiró hasta las 20:39 horas. Hubo 191 legisladores presentes (sumando al presidente de la cámara), que en su gran mayoría acompañaron el proyecto (ver) sin objeciones: 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Cabe destacar que primó el consenso, como no ocurre con otros temas vinculados a la economía.
Durante toda la sesión hubo quorum, lo que demuestra el interés por los asuntos relacionados a la energía. No fue igual con otras normativas que también figuraron en la orden del día. Al finalizar la votación, los aplausos colmaron el recinto. “Siento una inmensa alegría“, expresó Sebastian Kind, asesor de Guinle, encargado de redactar y gestionar con autoridades el proyecto de ley.
En las exposiciones, los diputados reconocieron la importancia de apostar a las energías limpias y así evitar salida de divisas para importar combustibles fósiles.
También se expresó la importancia de proteger el medio ambiente, aunque no fue el eje de los argumentos. No obstante, fueron posturas que plantearon todos los partidos.
El Frente Renovador señaló algunas disidencias, pero levantó la mano en positivo, mientras que la Unión Cívica Radical expuso reparos, según cuentan fuentes que estuvieron en la audiencia, como “pase de factura” por un proyecto que el oficialismo no le dio lugar, impulsado por Ernesto Sanz, que también promueve las energías renovables.
En definitiva, la iniciativa fue aprobada tal como ingresó en senadores en 2014. Ahora se viene otra discusión, aunque puertas adentro, que tiene que ver con la reglamentación. ¿Se llegará a realizar en 2015? Diferentes actores pujarán para introducir algunas modificaciones.
Llamativamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que apoya la candidatura de Daniel Scioli, ayer salió plantear que se cobren regalías a los proyectos verdes que se instalen en la provincia: “tendremos que ir a leyes eólicas propias, nosotros somos el Kuwait de la energía eólica”.
Lo que está claro, es que así como las provincias reclaman su soberanía por los hidrocarburos frente a YPF y el Gobierno Nacional, apenas las renovables exploten masivamente y se transformen en un gran negocio (como prometen en el corto y mediano plazo) vendrá la misma discusión por la renta. Ya están en la mira. Estos comentarios no aparecen al voleo ni por casualidad, empiezan a instalar el tema en la agenda.
Historia y debate de la nueva ley de renovables
El proyecto de ley comenzó el proceso de gestación a principios de 2013, luego de revisar los errores que había tenido la ley 26.190 de “Energías Renovables”, sancionada en 2006, que no se llegó a cumplir, y el programa “GENREN”, impulsado en 2009 sin demasiado éxito. En líneas generales, la conclusión fue que existía gran potencial e interés de las empresas para invertir en el negocio, pero el cuello de botella aparecía en el financiamiento.
Por eso el texto de Marcelo Guinle intentó concentrar su atención en corregir los déficit del pasado y conformar un nuevo “Fondo Fiduciario de Energías Renovables”, dejando su administración en manos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Desde entonces, se elaboraron 15 borradores hasta llegar al texto definitivo que luego fue aprobado. Hasta el número 5, participaron las cámaras empresarias y otros actores del rubro. Luego fue tratado por los expertos que asesoraron al legislador directamente con Axel Kicillof, el Ministro de Economía y dueño de la lapicera, quién bajó de 127 dólares el precio del MWh, como se planteó en un primer momento, a 113 dólares.
Así como está, libera el camino a inversores en energía eólica, pero posterga a las energías solar y biomasa, que a lo largo del año cerraron contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) por 240 y 180 dólares el MWh, respectivamente. Para seguir creciendo, deberán enmarcarse en la Resolución 108, que abre el juego a valores más altos. Las grandes represas no están incluidas en la nueva normativa, a diferencia de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (menos de 30 MW de potencia).
Una vez introducido en el Senado, Guinle no obtuvo inconvenientes para conseguir el apoyo del oficialismo y sus pares de la oposición: en diciembre de 2014 recibió media sanción por 54 votos a favor y 4 en contra del Frente UNEN, liderado por Fernando “Pino” Solanas, quién no estuvo de acuerdo en facilitar importaciones de equipos: aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas, entre otros.
Ya en 2015, fue aprobado sin objeciones en la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, sólo con algunas inquietudes sobre el tratamiento fiscal por parte de Martín Losteau, de ECO.
El 3 de junio de este año, ingresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consiguiendo el visto bueno de los 26 legisladores que participaron de la votación. Para sorpresa de los presentes, hubo tres disidencias parciales, por parte de Federico Sturzenegger del PRO,Miguel Bazze y Enrique Vaquié de la UCR.
Posicionamiento de los actores del sector
Cuando se conoció el texto que ingresó en senadores, hubo opiniones encontradas, algunas a favor, otras más negativas, al punto que varias asociaciones plantearon aplicar modificaciones en la normativa, alertando sobre las dificultades para diversificar la matriz, con un precio límite de 113 dólares el MWh.
También advirtieron respecto de las consecuencias que ocasionaría obligar a los Grandes Usuarios – consumo igual o superior a 300 kW -que presenten los certificados de compra de energía limpia. Temen que no se apliquen las multas correspondientes y que no se garantice el cumplimiento de la ley. Incluso, se alertó sobre las complicaciones económicas que acarrearía en el sector Pyme su instrumentación.
Tal es así, que el Comité Argentino de Presas (CAP), entidad que representa al sector hidroeléctrico, y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) enviaron notas a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole la revisación de algunos artículos.
Son algunos de los temas que se van a plantear al momento de reglamentar la normativa que aún no tiene fecha cierta ¿Será este año? Los referentes de la industria dudan que en los tres meses que quedan para la actual gestión de Gobierno se pueda resolver.
En este escenario, de ser Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria (FPV) el próximo presidente, habrá más chances de que se mantenga intacto el texto original, aprobado en ambas cámaras. De ganar el PRO de Mauricio Macri, se sabe que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) apoya la iniciativa, pero ya está trabajando en el tema, viendo otras posibilidades para su reglamentación, según supo energiaestratégica.com.
Detalles del texto
El corazón de la propuesta tiene como objetivo lograr que un 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables de cara al año 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.
Uno de los aspectos destacados tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario (FODER) para respaldar la financiación de los proyectos de inversión:
- Destinar un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025)
- Cargos específicos a la demanda
- Recupero de capital e intereses de la financiación otorgada
- Dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas
Otro aspecto central radica en establecer una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica –particularmente en aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 kW– para el cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.
Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
En cuanto al mecanismo de promoción fiscal, el nuevo texto propone:
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
Otros puntos de interés
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios (muy inferior a la penalidad de 200 us$/MWh).
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
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