Equipos técnicos del Consejo General de Educación (CGE) pusieron a consideración de los establecimientos educativos de nivel secundario y sus modalidades, un documento borrador iniciando así un proceso de debate y consulta que apunta a actualizar algunos aspectos de los marcos que regulan la asistencia a clases. A medida que vayan llegando los aportes de las diferentes instituciones se irá sistematizando la información, dando cuenta de una discusión amplia y consensuada sobre el tema.
El conjunto de supervisores y supervisoras de la escuela media y sus modalidades, estimaron oportuno poner en consideración de las comunidades escolares la modificación de la Resolución 1.770/11 del CGE. Por este motivo y a fin de garantizar la representación de la pluralidad de voces, se inició un proceso de consulta con las diferentes comunidades educativas.
El debate será profundo y contemplará varias etapas de consulta. La primera fue la puesta en circulación de un documento borrador que funcionó como disparador del debate y ya ha sido cumplimentada. Luego seguirán otras instancias también de consulta; la próxima será en Paraná los días 1 y 2 de octubre donde todos los directores de nivel y el conjunto de los supervisores y supervisoras, pondrán en consideración lo generado por las escuelas. A partir de allí, un nuevo documento preliminar que recoja los aportes volverá a las instituciones en búsqueda del consenso.
El proceso que recién se inicia se proyecta que podría exceder los márgenes del calendario 2015.
Cambios oportunos
Para el vocal del CGE, Héctor De La Fuente, “este momento y esta discusión son sumamente oportunos. Como gestión, nos debíamos hace tiempo la posibilidad de actualizar esta normativa que tiene entre otras cosas el desafío de atender las particularidades, entre ellas las que plantea la modalidad de la Educación de Jóvenes y Adultos. Me parece que –reflexionó De La Fuente–, no podemos seguir pensando la escuela con los mismos parámetros que hace diez o cuatro años, porque en estos años, los cambios tanto de mentalidad como de oportunidades, son absolutamente distintos y nuestro deber como funcionarios es estar al pendiente de las necesidades y las demandas del sistema educativo entrerriano”.
El borrador
El borrador emanó de la Dirección de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional, de Gestión Privada y de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE. El documento había sido elaborado a raíz de las inquietudes de los supervisores y en conjunto con ellos para atender a las diferentes realidades de la escuela.
“En términos generales, lo que se plantea en este primer borrador es que de los 190 días de clase que se presuponen, el estudiante pueda tener como máximo 38 faltas. De esas faltas, el 80 por ciento deberán ser justificadas por razones de salud; en este sentido la norma al contrario de lo que se piensa es más estricta, no es faltar por faltar”, expresó el supervisor Marcelo Salomón. Y aclaró: “Es cierto que también podrían ser justificadas por los padres, pero dentro de las 48horas. De esta manera se intenta que exista un mayor registro que apunte a mirar en detalle la trayectoria de los estudiantes. La familia y la escuela deben ser responsables de este 80 por ciento del total de las inasistencias”.
Los aportes
Para este docente que se desempeña hace años en la gestión, “la discusión sobre la necesidad de actualizar la normativa es sumamente positiva, y cabe aclarar que la asistencia institucional implica la asistencia curricular -no como algunos trascendidos dicen que es optativo el estar o no en la clase. Si uno está en la escuela debe estar en clase. A lo que se apunta, vuelvo a insistir en esto, es que si existe la inasistencia a ciertos espacios curriculares se debe analizar la posibilidad que ese estudiante rinda el espacio curricular a partir del cual pierde su condición de promoción, y no como sucede en la actualidad que quede libre y entonces tenga que rendir las 12, 14 o 15 materias, porque sabemos que esa es una situación difícil”. (CGE)
El conjunto de supervisores y supervisoras de la escuela media y sus modalidades, estimaron oportuno poner en consideración de las comunidades escolares la modificación de la Resolución 1.770/11 del CGE. Por este motivo y a fin de garantizar la representación de la pluralidad de voces, se inició un proceso de consulta con las diferentes comunidades educativas.
El debate será profundo y contemplará varias etapas de consulta. La primera fue la puesta en circulación de un documento borrador que funcionó como disparador del debate y ya ha sido cumplimentada. Luego seguirán otras instancias también de consulta; la próxima será en Paraná los días 1 y 2 de octubre donde todos los directores de nivel y el conjunto de los supervisores y supervisoras, pondrán en consideración lo generado por las escuelas. A partir de allí, un nuevo documento preliminar que recoja los aportes volverá a las instituciones en búsqueda del consenso.
El proceso que recién se inicia se proyecta que podría exceder los márgenes del calendario 2015.
Cambios oportunos
Para el vocal del CGE, Héctor De La Fuente, “este momento y esta discusión son sumamente oportunos. Como gestión, nos debíamos hace tiempo la posibilidad de actualizar esta normativa que tiene entre otras cosas el desafío de atender las particularidades, entre ellas las que plantea la modalidad de la Educación de Jóvenes y Adultos. Me parece que –reflexionó De La Fuente–, no podemos seguir pensando la escuela con los mismos parámetros que hace diez o cuatro años, porque en estos años, los cambios tanto de mentalidad como de oportunidades, son absolutamente distintos y nuestro deber como funcionarios es estar al pendiente de las necesidades y las demandas del sistema educativo entrerriano”.
El borrador
El borrador emanó de la Dirección de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional, de Gestión Privada y de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE. El documento había sido elaborado a raíz de las inquietudes de los supervisores y en conjunto con ellos para atender a las diferentes realidades de la escuela.
“En términos generales, lo que se plantea en este primer borrador es que de los 190 días de clase que se presuponen, el estudiante pueda tener como máximo 38 faltas. De esas faltas, el 80 por ciento deberán ser justificadas por razones de salud; en este sentido la norma al contrario de lo que se piensa es más estricta, no es faltar por faltar”, expresó el supervisor Marcelo Salomón. Y aclaró: “Es cierto que también podrían ser justificadas por los padres, pero dentro de las 48horas. De esta manera se intenta que exista un mayor registro que apunte a mirar en detalle la trayectoria de los estudiantes. La familia y la escuela deben ser responsables de este 80 por ciento del total de las inasistencias”.
Los aportes
Para este docente que se desempeña hace años en la gestión, “la discusión sobre la necesidad de actualizar la normativa es sumamente positiva, y cabe aclarar que la asistencia institucional implica la asistencia curricular -no como algunos trascendidos dicen que es optativo el estar o no en la clase. Si uno está en la escuela debe estar en clase. A lo que se apunta, vuelvo a insistir en esto, es que si existe la inasistencia a ciertos espacios curriculares se debe analizar la posibilidad que ese estudiante rinda el espacio curricular a partir del cual pierde su condición de promoción, y no como sucede en la actualidad que quede libre y entonces tenga que rendir las 12, 14 o 15 materias, porque sabemos que esa es una situación difícil”. (CGE)
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