El director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) repasa los puntos centrales de la reforma, enumera los aumentos alcanzados con los gremios y rebate con dureza las críticas de la oposición a la norma.
En el mes de diciembre pasado la Legislatura sancionó la Ley 10.270 de Reforma Tributaria, a partir de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en base a algunas de las propuestas presentadas por la CTA, integrada por representantes de los trabajadores. En esa oportunidad escribí una columna “Reforma tributaria para un estado presente y para mejorar los salarios de trabajadores y jubilados provinciales”, que se publicara en distintos medios de la Provincia, explicando los alcances y objetivos de las medidas instrumentadas.
La Reforma comenzó a aplicarse a partir de enero, con el objetivo central de destacar el rol del Estado presente, que interviene en la economía provincial, y que redistribuye ingresos a los sectores asalariados de trabajadores públicos provinciales. La recaudación se estimó en $ 1.500 millones para 2014, para destinarlos totalmente a salarios, a partir de las negociaciones en las reuniones paritarias convocadas a partir de enero de 2014.
La Reforma
Los conceptos fundamentales de la Reforma Tributaria fueron, en Ingresos Brutos un punto adicional para todas las actividades económicas, entre ellas los sectores primario, industrial, mutuales y cooperativas que facturan por encima de los montos determinados en la Ley, algunos de los cuales tenían exenciones desde 1994, según pautas acordadas en los Pactos Fiscales. También se repusieron las alícuotas de Ley 4.035 previas a esas reformas.
En los impuestos inmobiliario y automotor y sobre las embarcaciones, se impuso un adicional de entre el 20% y el 30% para el fondo de seguridad social, y se aprobaron 2 nuevas categorías para los bienes de mayor valor, a efectos de acentuar la progresividad de estos impuestos. En el impuesto Inmobiliario Rural se elongaron los tramos de las tablas en el sentido solicitado por las entidades agropecuarias, también para acentuar la progresividad de la Reforma.
Los aumentos salariales
A partir de ese momento comenzaron a realizarse pagos a cuenta de los aumentos futuros en enero y febrero. Luego de cerrarse exitosamente esas negociaciones con ATE, UPCN, AGMER, y demás sindicatos representativos del sector, los aumentos acordados comenzaron a pagarse plenamente a partir de marzo a los 82.000 empleados activos, y a partir de la semana pasada a los 35.000 jubilados provinciales. O sea que 117.000 entrerrianos tuvieron sus aumentos, derivados del éxito de la Reforma Tributaria Ejecutada.
En el período enero abril de 2014, la recaudación aumentó un 46% frente al mismo período del año anterior, aportando al Tesoro Provincial $ 547 millones adicionales, por lo que en la proyección anual se está por encima de la pauta original. Inclusive el inmobiliario rural que normalmente vencía en abril, pasó a los primeros días de mayo, y esos mayores ingresos incidirán favorablemente en los próximos meses. Los ingresos de la ATER representan un tercio de los ingresos totales provinciales, por lo que no pueden proyectarse estos porcentajes linealmente a los salarios.
Las críticas
En diciembre respondimos punto por punto las críticas de los distintos sectores políticos y económicos planteadas. Cuando comenzaron a hacerse efectivos los aumentos acordados en paritarias, se intensificaron las opiniones críticas de dirigentes políticos con aspiraciones de ser candidatos en 2015. Así se vieron opiniones mediáticas de Benedetti (UCR), Viale (PS), Fuertes (FR), Zavallo (FR), y algunas organizaciones satélites de esos precandidatos, para supuestamente representar a quienes debieron afrontar una mayor carga impositiva.
Ya ahora se hace muy difícil responder a dirigentes en campaña electoral. Benedetti dice que es una “política populista y cortoplacista”, sin recordar que los diputados de la UCR ni siquiera entraron a debatir al recinto este tema. Viale dice que “pooles de siembra terminan yéndose a lugares más rentables, y los campos que quedan, vuelven a las manos de los productores”, sin acordarse de que eso era lo que pedían todos los sectores desde hace años, y que él mismo como diputado no estuvo en la sesión en la que se trató el tema. Fuertes habló de “impuestazo”, olvidando que la única diputada de su sector votó favorablemente la ley en cuestión sin objeciones. Zavallo habla de “impuestazo que sacudió el bolsillo del trabajador” sin recordar que los diputados que llegaron por su sector a la Legislatura votaron favorablemente la Reforma Impositiva, y sin observar que el destino de los fondos fue justamente el bolsillo de los trabajadores.
Más interesante resulta analizar que Fundación Horizonte de Sergio Massa sostiene que según los postulados de la curva de Laffer, referencia utilizada por Milton Friedman y luego por Ronald Reagan en la revolución conservadora de los ´80 en USA, los ingresos fiscales caerían ante un aumento de impuestos. El encuadre ideológico de estas ideas son los de la derecha más conservadora en Estados Unidos, y por supuesto favorecieron a los sectores de riqueza más concentrados en ese país, a quienes los Republicanos les bajaron las cargas, con consecuencias totalmente negativas para el conjunto de la población. Y en nada se aplican a la situación fiscal de Entre Ríos, donde los ingresos han aumentado a los mayores niveles históricos en valores nominales, en valores reales y en cantidad de contribuyentes, según cada entrerriano puede observar mensualmente en la página de la ATER. Y más aún cuando se considera la estructura de vencimientos de los impuestos, que esa Fundación ni se ha ocupado en validar.
La Ley 10.270 de Reforma Tributaria, tiene vigencia por 2 años, o sea que vence cuando termina el presente mandato constitucional. En virtud de esta Reforma 117.000 personas cobraron esos aumentos, y los cobrarán por lo menos hasta esa fecha, por lo que se hace necesario que los precandidatos opositores que pretenden presentarse para gobernar la Provincia de Entre Ríos proyecten como van a sustituir esos $ 1.500 millones destinados a salarios, sin invocaciones voluntaristas como “pedirle a la Nación” o “achicar el gasto” genéricamente, más que en temas que pueden representar $ 5 o $ 10 millones anuales de eventuales ahorros.
En el mes de diciembre pasado la Legislatura sancionó la Ley 10.270 de Reforma Tributaria, a partir de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en base a algunas de las propuestas presentadas por la CTA, integrada por representantes de los trabajadores. En esa oportunidad escribí una columna “Reforma tributaria para un estado presente y para mejorar los salarios de trabajadores y jubilados provinciales”, que se publicara en distintos medios de la Provincia, explicando los alcances y objetivos de las medidas instrumentadas.
La Reforma comenzó a aplicarse a partir de enero, con el objetivo central de destacar el rol del Estado presente, que interviene en la economía provincial, y que redistribuye ingresos a los sectores asalariados de trabajadores públicos provinciales. La recaudación se estimó en $ 1.500 millones para 2014, para destinarlos totalmente a salarios, a partir de las negociaciones en las reuniones paritarias convocadas a partir de enero de 2014.
La Reforma
Los conceptos fundamentales de la Reforma Tributaria fueron, en Ingresos Brutos un punto adicional para todas las actividades económicas, entre ellas los sectores primario, industrial, mutuales y cooperativas que facturan por encima de los montos determinados en la Ley, algunos de los cuales tenían exenciones desde 1994, según pautas acordadas en los Pactos Fiscales. También se repusieron las alícuotas de Ley 4.035 previas a esas reformas.
En los impuestos inmobiliario y automotor y sobre las embarcaciones, se impuso un adicional de entre el 20% y el 30% para el fondo de seguridad social, y se aprobaron 2 nuevas categorías para los bienes de mayor valor, a efectos de acentuar la progresividad de estos impuestos. En el impuesto Inmobiliario Rural se elongaron los tramos de las tablas en el sentido solicitado por las entidades agropecuarias, también para acentuar la progresividad de la Reforma.
Los aumentos salariales
A partir de ese momento comenzaron a realizarse pagos a cuenta de los aumentos futuros en enero y febrero. Luego de cerrarse exitosamente esas negociaciones con ATE, UPCN, AGMER, y demás sindicatos representativos del sector, los aumentos acordados comenzaron a pagarse plenamente a partir de marzo a los 82.000 empleados activos, y a partir de la semana pasada a los 35.000 jubilados provinciales. O sea que 117.000 entrerrianos tuvieron sus aumentos, derivados del éxito de la Reforma Tributaria Ejecutada.
En el período enero abril de 2014, la recaudación aumentó un 46% frente al mismo período del año anterior, aportando al Tesoro Provincial $ 547 millones adicionales, por lo que en la proyección anual se está por encima de la pauta original. Inclusive el inmobiliario rural que normalmente vencía en abril, pasó a los primeros días de mayo, y esos mayores ingresos incidirán favorablemente en los próximos meses. Los ingresos de la ATER representan un tercio de los ingresos totales provinciales, por lo que no pueden proyectarse estos porcentajes linealmente a los salarios.
Las críticas
En diciembre respondimos punto por punto las críticas de los distintos sectores políticos y económicos planteadas. Cuando comenzaron a hacerse efectivos los aumentos acordados en paritarias, se intensificaron las opiniones críticas de dirigentes políticos con aspiraciones de ser candidatos en 2015. Así se vieron opiniones mediáticas de Benedetti (UCR), Viale (PS), Fuertes (FR), Zavallo (FR), y algunas organizaciones satélites de esos precandidatos, para supuestamente representar a quienes debieron afrontar una mayor carga impositiva.
Ya ahora se hace muy difícil responder a dirigentes en campaña electoral. Benedetti dice que es una “política populista y cortoplacista”, sin recordar que los diputados de la UCR ni siquiera entraron a debatir al recinto este tema. Viale dice que “pooles de siembra terminan yéndose a lugares más rentables, y los campos que quedan, vuelven a las manos de los productores”, sin acordarse de que eso era lo que pedían todos los sectores desde hace años, y que él mismo como diputado no estuvo en la sesión en la que se trató el tema. Fuertes habló de “impuestazo”, olvidando que la única diputada de su sector votó favorablemente la ley en cuestión sin objeciones. Zavallo habla de “impuestazo que sacudió el bolsillo del trabajador” sin recordar que los diputados que llegaron por su sector a la Legislatura votaron favorablemente la Reforma Impositiva, y sin observar que el destino de los fondos fue justamente el bolsillo de los trabajadores.
Más interesante resulta analizar que Fundación Horizonte de Sergio Massa sostiene que según los postulados de la curva de Laffer, referencia utilizada por Milton Friedman y luego por Ronald Reagan en la revolución conservadora de los ´80 en USA, los ingresos fiscales caerían ante un aumento de impuestos. El encuadre ideológico de estas ideas son los de la derecha más conservadora en Estados Unidos, y por supuesto favorecieron a los sectores de riqueza más concentrados en ese país, a quienes los Republicanos les bajaron las cargas, con consecuencias totalmente negativas para el conjunto de la población. Y en nada se aplican a la situación fiscal de Entre Ríos, donde los ingresos han aumentado a los mayores niveles históricos en valores nominales, en valores reales y en cantidad de contribuyentes, según cada entrerriano puede observar mensualmente en la página de la ATER. Y más aún cuando se considera la estructura de vencimientos de los impuestos, que esa Fundación ni se ha ocupado en validar.
La Ley 10.270 de Reforma Tributaria, tiene vigencia por 2 años, o sea que vence cuando termina el presente mandato constitucional. En virtud de esta Reforma 117.000 personas cobraron esos aumentos, y los cobrarán por lo menos hasta esa fecha, por lo que se hace necesario que los precandidatos opositores que pretenden presentarse para gobernar la Provincia de Entre Ríos proyecten como van a sustituir esos $ 1.500 millones destinados a salarios, sin invocaciones voluntaristas como “pedirle a la Nación” o “achicar el gasto” genéricamente, más que en temas que pueden representar $ 5 o $ 10 millones anuales de eventuales ahorros.
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