miércoles, 21 de diciembre de 2016

Pedido de juicio político: Los diputados investigarán a Mizawak

La Cámara de Diputados investigará a Mizawak. Los legisladores ponen el ojo en las sociedades comerciales donde figura la magistrada. Ante esta situación el Colegio de Abogados de Entre Ríos, emitió un comunicado.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia finalmente investigarán a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak.

La denuncia contra la magistrada tuvo lugar en el marco del proceso de juicio político que se lleva adelante contra Carlos Chiara Díaz, vocal del STJ que ya se encuentra en fase de conformación de Tribunal en Senadores, suspendido y con su salario reducido a la mitad.

“Nos reunimos con el objeto de darle curso a la investigación” sostuvo Diego Lara, presidente de la Comisión, que prometió “seriedad” y que dejó entrever así que no habría un rechazo in limine como hubo en la primera ocasión que se lo denunció a Chiara Díaz, sino que los legisladores avanzarán con el expediente que involucra a la referente institucional de la Justicia entrerriana.

Concretamente los diputados tienen como misión recabar información sobre las empresas en la que aparece el nombre de la titular del STJ. La puja entre FpV y oposición está dada porque el peronismo sólo considera válido conocer aquellas sociedades comerciales con domicilio legal en Capital Federal, mientras que Cambiemos y Frente Renovador también solicitaron investigar firmas donde figuran la hija de la jueza y su padre como parte del directorio, junto a reconocidos empresarios de la capital provincial. En el mismo edificio estarían radicadas además empresas de Sergio Urribarri, con lo cual la sospecha es evidente.

Los justicialistas rechazaron la moción de la minoría, a la vez que el diputado que encabeza la comisión remarcó: “Similar a lo de Chiara Díaz no es esto. Son otros hechos, el contexto es otro también“. Por lo pronto Lara viajará a Buenos Aires el miércoles a recolectar datos a la Inspección General de Justicia, acompañado de pares de la oposición.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados ya solicitó las primeras documentaciones en función de los hechos que se le endilgan a la funcionaria. Según adelantó la diputada Gabriela Lena -Cambiemos- en diálogo con 9 Ahora, se estima que la información esté disponible en seis días.

Entre las acusaciones más fuertes está el presunto manejo irregular de viáticos y también de viajes injustificados en su condición de funcionaria del STJ. Para este punto, los diputados pidieron la rendición -tickets, facturas, boletas, etc.- por parte del organismo judicial, de todos los movimientos de la jefa del Poder Judicial de Entre Ríos.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones deberá aportar aquellas salidas y entradas al país que hubiera realizado Mizawak. Con la lupa puesta en los viáticos, solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, información que arroje claridad sobre sus ingresos.

Comunicado del Colegio de Abogados de Entre Ríos ante los juicios políticos en marcha

Los abogados entrerrianos vivimos momentos de inquietud ante el proceso de juicio político contra un Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia   y por el inicio de una investigación por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra la Presidenta de ese cuerpo.-

La situación es de gravedad por lo novedoso del hecho.   Estamos ante un procedimiento extraordinario,  de excepción,  como es el juicio político.  Pero es el único procedimiento para analizar las conductas imputadas a las más altas autoridades de la Provincia,  a los fines de su separación o reinstalación en el cargo que ocupan.   El juicio político es un mecanismo propio del orden republicano, se inscribe en la lógica de los frenos y contrapesos o controles mutuos entre poderes.   En una República de iguales,  nadie está exento de rendir cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública ante la sociedad.-

Las causales de acusación y las de imputación e investigación ya están dadas y sobre las mismas deben actuar solo los legisladores.

Como en todo proceso acusatorio,  el estado constitucional de derecho entrerriano exige que se cumpla con el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa con asistencia letrada para los acusados.-

Nos preocupa el clima de desconfianza que estos hechos provocan sobre el servicio de justicia.  El escepticismo social sobre la función estatal de dar justicia a los ciudadanos es percibido en nuestro diario trabajo.-

Peticionamos a los Senadores y Diputados,  el más alto compromiso con la institucionalidad de la provincia en estos procesos en marcha.  Exhortamos a actuar con el máximo respeto a la constitución provincial,  desarrollando las actividades propias del juicio político con la mayor responsabilidad republicana.

Comunicado Asociación Magistrados:

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos por su arte, indicó que “viene siguiendo atentamente los procedimientos constitucionales puestos en marcha en la Legislatura provincial” y exhortó “a quienes tienen la responsabilidad institucional de llevar adelante esos trámites, a actuar con entero apego a las leyes que gobiernan el debido proceso, ya que de ello dependerá la legitimidad y credibilidad de la resolución que en definitiva se adopte”

En otro tramo del comunicado enviado a esta Agencia, afirman: “No obstante, haber mantenido prudente silencio, en el entendimiento que manifestarnos podría ser considerado como una injerencia indebida en el trabajo que lleva adelante otro poder del Estado, queremos señalar que, en su gran mayoría, los empleados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial trabajan diariamente por un mejor servicio de justicia rechazando enérgicamente una supuesta connivencia con otros poderes del Estado o particulares que implique un presunto pacto de impunidad como también, aquellas expresiones que pretenden arrogarse facultades ‘moralizadoras’ o ‘purificadoras’ colocándose por encima de la Constitución y las leyes como única garantía del correcto funcionamiento de las instituciones de la República”.

Finalmente, “queremos llamar a la reflexión sobre la necesidad de preservar un ámbito de convivencia y respeto que aún en el disenso, permita mantener y utilizar los mecanismos que la Constitución ha previsto como resguardo legítimo de los intereses supremos de la sociedad”, dicen en el texto.

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