La iniciativa prevé la adhesión de la provincia austral a la ley nacional 26.052 que faculta a los estados provinciales a asumir parcialmente la competencia federal en materia de persecución de delitos vinculados con el consumo y comercio de estupefacientes.
Ríos había anunciado el envío del proyecto durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el pasado 1 de marzo, junto con una propuesta para reformar el texto de la Constitución fueguina sancionada en 1991.
La gobernadora sostuvo hoy que adherir a la ley nacional "nos permite como Estado provincial poder tomar un mayor protagonismo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico en muchas de sus facetas y allí donde el delito afecta a nuestra comunidad", indicó.
El proyecto contempla que la provincia requerirá fondos nacionales del Gobierno central, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la nación para hacer frente a las nuevas obligaciones en materia de fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia.
Asimismo, la provincia creará un Fondo para la Desfederalización de la Ley de Estupefacientes administrado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad que además de los fondos nacionales contará con recursos "presupuestados por el Poder Ejecutivo Provincial".
"Vamos a poder perseguir un delito que afecta directa y concretamente a nuestra provincia, a nuestras familias y a nuestra juventud", señaló Ríos.
La mandataria provincial también remarcó que Tierra del Fuego se compromete de este modo a "asumir mayores responsabilidades respecto de esta problemática social, avanzando también en políticas públicas orientadas a la contención y rehabilitación de las personas adictas y a la prevención de las adicciones", indicó
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