La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPND) repudió la orden de allanamiento y desalojo de la Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí El Algarrobal, dispuesta por el juez Juan Cabral Dubas.
"No vamos a permitir que se desaloje a un diaguita más de su territorio", dijo hoy Manrique Burgos, representante de la Comunidad El Algarrobal y miembro de la UPND, en declaraciones a Télam.
La orden de desalojo, pedida por un empresario rural, iba a ejecutarse el martes último "pero quedó suspendida, aunque no sabemos por cuanto tiempo, debido a la enfermedad del juez de paz José Torres que debía intervenir", explicó Burgos.
"Nosotros nos enteramos por casualidad de que estaba esa sentencia y nos presentamos al juzgado diciendo que viola la ley 26.160, de suspensión de los desalojos, entre otras normas" que protegen los derechos de los pueblos originarios, agregó.
Burgos citó en este sentido las prórrogas de la ley 26.160, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
"Muchos jueces siguen fallando en contra de los pueblos originarios" en conflictos de tierras con empresarios rurales que pretenden hacer valer inscripciones registrales frente a los derechos de los poseedores ancestrales, subrayó.
El integrante de la UPND citó el caso de la reciente represión policial, con heridos y detenidos, contra integrantes de la vecina Comunidad Diaguita Las Pailas, también en el marco de un conflicto de tierras en Cachi.
"Exigimos a este juez Cabral Dubas que suspenda de inmediato la orden de allanamiento y desalojo, y lo hacemos con el respaldo de cartografía con la que contamos y del relevamiento territorial", señaló el representante de la Comunidad El Algarrobal.
Pedidos en el mismo sentido "hicieron al magistrado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el equipo provincial del EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial)", añadió.
El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, se reunió en febrero de este año con autoridades de Salta para examinar la evolución de los conflictos por la propiedad de la tierra en la provincia.
Entre otros casos, evaluaron las tareas que vienen desarrollando el Gobierno nacional y la Provincia en la demanda de la Asociación Civil Lhaka Honahat, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa reunión, Fresneda manifestó su preocupación por la violenta represión de enero último a integrantes de la Comunidad Diaguita Las Pailas.
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