Primero se mostró indiferente ante los pedidos de informes efectuados desde la Legislatura. Pero el Consejo General de Educación (CGE) también omitió contestar a un pedido de acceso a la información pública relacionado con la liquidación de los haberes a los docentes entrerrianos.
La intención fue conocer si el CGE “contrató los servicios de terceros para efectuar la liquidación de haberes del personal docente y administrativo que se desempeña en los establecimientos escolares dependientes del Estado provincial”. Aunque no fue lo único que se le requirió al presidente del organismo, José Luis Panozzo.
Además se le solicitó que en caso de respuesta afirmativa al punto anterior brindara acceso y copia del referido contrato, con sus correspondientes anexos y addendas. Y que otorgara “acceso y copia del acto administrativo a través del cual se convalidó la mencionada contratación”.
La petición fue formulada por Elentreríos el 5 de junio pasado y estuvo dirigida a Panozzo. Siguiendo el procedimiento que prevé el Anexo del decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo entrerriano, el escrito ingresó por Mesa de Entradas y generó el expediente 1.985.133/17.
El lunes pasado, al cumplirse el plazo de 10 días hábiles para la respuesta que establece el Reglamento General para el Acceso a la Información Pública, se indicó que el pedido estaba a consideración de la Vocalía desde el 12 de junio pasado. En tanto, al acudir al cuarto piso del CGE, desde las oficinas administrativas se indicó que todavía no había respuesta.
La novedad fue transmitida por una empleada y de manera verbal. Si bien se pidió regresar en otro momento, no hubo notificación fehaciente y por escrito de una prórroga para la respuesta, prerrogativa que el decreto 1.169/05 GOB prevé en su artículo 12º.
“El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otro de diez (10) días de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”, dice en su primer párrafo. Y añade: “En su caso, el sujeto u organismo requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento, las razones por las cuales hace uso de tal prórroga”.
La empresa de la que todos hablan
Lemondata SA no figura en el Registro de Proveedores que depende de la Unidad Central de Contrataciones de la provincia. Cuando se consulta por esa empresa aparece la siguiente leyenda: “No hay resultados con ese criterio”. Y lo mismo sucede cuando la búsqueda en la página web del organismo estatal se realiza a partir de su número de CUIT (30-70943344-6).
Tampoco está disponible decreto alguno que convalide la contratación de Lemondata SA por parte del Estado provincial. A juzgar, al menos, por lo que deparan los resultados a través del buscador disponible en la página web del Gobierno de Entre Ríos.
Sin embargo la firma fue una de las oferentes que participó años atrás de una solicitud de propuestas para la provisión de un software para la Secretaría de Industria, Comercio y Planificación, un organismo dependiente del Ministerio de la Producción. Fue en el marco del Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos- Fase I.
La iniciativa, que fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Contrato de Préstamo Nº 1914/OC-AR, fue convalidada a través de la Resolución 269/15 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, fechada el 18 de noviembre de 2015 y publicada seis días más tarde en el Boletín Oficial.
Según indicó la cartera económica, Lemondata SA fue una de las cuatro oferentes y calificó en segundo término. Cotizó por 3.193.286 pesos más IVA y obtuvo 94,2 puntos, siendo superada por Diveria SA (96,4 puntos), una de de las proveedoras de Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), razón por la cual su expresidente, Juan José Canosa, fue denunciado por negociaciones incompatibles con la función pública.
Un silencio con antecedentes
El 5 de abril pasado el senador provincial Raimundo Kisser (Cambiemos Paraná), aludió a Lemondata SA a través de un pedido de informes. Fue al preguntar, entre otras cosas, sobre “el costo de contratación de esta empresa y qué méritos o antecedentes tiene”.
Su requisitoria, que fue acompaña por sus pares de bancada Roque Ferrari (Victoria) y Rogelio Schild (Diamante), generó el expediente 12.024. Y si bien fue remitido de inmediato al CGE, no tuvo respuesta.
Pocos días más tarde, el 25 de abril, el tema fue puesto a consideración en la Cámara de Diputados, durante su segunda sesión ordinaria del presente período legislativo. Aunque esa vez la requisitoria dirigida a Panozzo fue por partida doble.
La diputada María Elena Tassitro (Frente Renovador) y su par Ricardo Troncoso (Recuperación Radical) pidieron conocer cuál fue “la firma o empresa encargada de proveer el servicio de software de gestión y administración de la liquidación de sueldos de docentes entrerrianos”.
El pedido de informes quedó registrado como el expediente 21.976 y fue enviado sin más trámite al CGE, pero hasta el momento no mereció contestación alguna. Y lo mismo ocurrió con otra requisitoria formulada desde la bancada de Cambiemos.
El proyecto del diputado Alberto Rotman fue acompañado por otros seis miembros de su bloque –Fuad Sosa, Martín Anguiano, Sergio Kneeteman, Esteban Vitor, Gabriela Lena y Ayelén Acosta- y generó el expediente 22.001. Entre otras cosas se pidió información al CGE “sobre las falencias que se produjeron en la última liquidación de haberes al personal dependiente del CGE”.
En tanto, la última alusión pública a Lemondata SA fue por parte de la sección Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Durante su última manifestación para protestar por las liquidaciones de haberes mal efectuadas, la columna sindical se dirigió hasta la sede de la empresa, entonando cánticos y consignas con las que expresó su malestar por la tercerización de un servicio que el Estado no confirma ni desmiente.
Las oficinas, ubicadas en la planta baja de un edificio ubicado en Córdoba al 500, a dos cuadras de Casa de Gobierno, ni siquiera tienen un logotipo o cartel que las identifique. Apenas un papel pegado sobre el vidrio con la dirección del inmueble, como ilustra la foto que acompaña a esta nota. Fuente: RecintoNet
La intención fue conocer si el CGE “contrató los servicios de terceros para efectuar la liquidación de haberes del personal docente y administrativo que se desempeña en los establecimientos escolares dependientes del Estado provincial”. Aunque no fue lo único que se le requirió al presidente del organismo, José Luis Panozzo.
Además se le solicitó que en caso de respuesta afirmativa al punto anterior brindara acceso y copia del referido contrato, con sus correspondientes anexos y addendas. Y que otorgara “acceso y copia del acto administrativo a través del cual se convalidó la mencionada contratación”.
La petición fue formulada por Elentreríos el 5 de junio pasado y estuvo dirigida a Panozzo. Siguiendo el procedimiento que prevé el Anexo del decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo entrerriano, el escrito ingresó por Mesa de Entradas y generó el expediente 1.985.133/17.
El lunes pasado, al cumplirse el plazo de 10 días hábiles para la respuesta que establece el Reglamento General para el Acceso a la Información Pública, se indicó que el pedido estaba a consideración de la Vocalía desde el 12 de junio pasado. En tanto, al acudir al cuarto piso del CGE, desde las oficinas administrativas se indicó que todavía no había respuesta.
La novedad fue transmitida por una empleada y de manera verbal. Si bien se pidió regresar en otro momento, no hubo notificación fehaciente y por escrito de una prórroga para la respuesta, prerrogativa que el decreto 1.169/05 GOB prevé en su artículo 12º.
“El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otro de diez (10) días de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”, dice en su primer párrafo. Y añade: “En su caso, el sujeto u organismo requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento, las razones por las cuales hace uso de tal prórroga”.
La empresa de la que todos hablan
Lemondata SA no figura en el Registro de Proveedores que depende de la Unidad Central de Contrataciones de la provincia. Cuando se consulta por esa empresa aparece la siguiente leyenda: “No hay resultados con ese criterio”. Y lo mismo sucede cuando la búsqueda en la página web del organismo estatal se realiza a partir de su número de CUIT (30-70943344-6).
Tampoco está disponible decreto alguno que convalide la contratación de Lemondata SA por parte del Estado provincial. A juzgar, al menos, por lo que deparan los resultados a través del buscador disponible en la página web del Gobierno de Entre Ríos.
Sin embargo la firma fue una de las oferentes que participó años atrás de una solicitud de propuestas para la provisión de un software para la Secretaría de Industria, Comercio y Planificación, un organismo dependiente del Ministerio de la Producción. Fue en el marco del Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos- Fase I.
La iniciativa, que fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Contrato de Préstamo Nº 1914/OC-AR, fue convalidada a través de la Resolución 269/15 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, fechada el 18 de noviembre de 2015 y publicada seis días más tarde en el Boletín Oficial.
Según indicó la cartera económica, Lemondata SA fue una de las cuatro oferentes y calificó en segundo término. Cotizó por 3.193.286 pesos más IVA y obtuvo 94,2 puntos, siendo superada por Diveria SA (96,4 puntos), una de de las proveedoras de Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), razón por la cual su expresidente, Juan José Canosa, fue denunciado por negociaciones incompatibles con la función pública.
Un silencio con antecedentes
El 5 de abril pasado el senador provincial Raimundo Kisser (Cambiemos Paraná), aludió a Lemondata SA a través de un pedido de informes. Fue al preguntar, entre otras cosas, sobre “el costo de contratación de esta empresa y qué méritos o antecedentes tiene”.
Su requisitoria, que fue acompaña por sus pares de bancada Roque Ferrari (Victoria) y Rogelio Schild (Diamante), generó el expediente 12.024. Y si bien fue remitido de inmediato al CGE, no tuvo respuesta.
Pocos días más tarde, el 25 de abril, el tema fue puesto a consideración en la Cámara de Diputados, durante su segunda sesión ordinaria del presente período legislativo. Aunque esa vez la requisitoria dirigida a Panozzo fue por partida doble.
La diputada María Elena Tassitro (Frente Renovador) y su par Ricardo Troncoso (Recuperación Radical) pidieron conocer cuál fue “la firma o empresa encargada de proveer el servicio de software de gestión y administración de la liquidación de sueldos de docentes entrerrianos”.
El pedido de informes quedó registrado como el expediente 21.976 y fue enviado sin más trámite al CGE, pero hasta el momento no mereció contestación alguna. Y lo mismo ocurrió con otra requisitoria formulada desde la bancada de Cambiemos.
El proyecto del diputado Alberto Rotman fue acompañado por otros seis miembros de su bloque –Fuad Sosa, Martín Anguiano, Sergio Kneeteman, Esteban Vitor, Gabriela Lena y Ayelén Acosta- y generó el expediente 22.001. Entre otras cosas se pidió información al CGE “sobre las falencias que se produjeron en la última liquidación de haberes al personal dependiente del CGE”.
En tanto, la última alusión pública a Lemondata SA fue por parte de la sección Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Durante su última manifestación para protestar por las liquidaciones de haberes mal efectuadas, la columna sindical se dirigió hasta la sede de la empresa, entonando cánticos y consignas con las que expresó su malestar por la tercerización de un servicio que el Estado no confirma ni desmiente.
Las oficinas, ubicadas en la planta baja de un edificio ubicado en Córdoba al 500, a dos cuadras de Casa de Gobierno, ni siquiera tienen un logotipo o cartel que las identifique. Apenas un papel pegado sobre el vidrio con la dirección del inmueble, como ilustra la foto que acompaña a esta nota. Fuente: RecintoNet
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