Tras varias semanas de escalonar medidas destinadas a ordenar la situación financiera, paliar la crisis energética, reflotar las economías regionales y revivir los sectores con capacidad de exportación, el Gobierno planea terminar el verano con un paquete de medidas destinadas a mejorar la situación de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Los dos cambios más significativos son la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para que la puedan recibir los monotributistas de las dos categorías más bajas y la eximición del IVA de los productos de la canasta básica para las personas que reciban planes sociales.
En el primer caso, la medida podría beneficiar potencialmente a casi un millón y medio de monotributistas. En la categoría B -la más baja de las que están en vigencia, que incluye a quienes facturan hasta 48.000 pesos por año- hay poco menos de 1.100.000 inscriptos, mientras que en la categoría C -en donde se incluye a las personas con ingresos de hasta 72.000 pesos anuales- hay unos 345.000 personas. Sin embargo, de esa cuenta hay que excluir a los monotributistas que no tienen hijos o que tienen hijos mayores de edad.
El plan del Gobierno es pagar a los monotributistas con menores ingresos los $966 de la AUH que hoy reciben los desocupados, los monotributistas sociales (inscriptos en la categoría B social) y los trabajadores no registrados y del servicio doméstico que ganen menos o igual que el salario mínimo, vital y móvil. Si se toman en cuenta los datos que surgen de los dos millones de hogares que ya reciben la AUH, cada familia receptora tiene un promedio de 1,8 hijos.
Esa ampliación del padrón de beneficiarios de la ayuda social estuvo a punto de ser presentada en la semana que pasó, pero el aluvión de información sobre la suba del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias convenció al Gobierno -cuyos funcionarios más importantes suelen poner mucha atención al potencial noticioso de cada anuncio- de los beneficios de retrasar la presentación.
La segunda medida, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica que consumen los sectores más pobres, fue confirmada el viernes por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Eso es un hecho”, dijo la funcionaria.
Ese paquete estará reforzado con la postergación del muy anunciado aumento en las tarifas del transporte público. En la Casa Rosada admiten que el clima social quedó recalentado con el aumento de las tarifas eléctricas -que afectará sobre todo a los usuarios de la Capital Federal y sus alrededores- y que no queda demasiado espacio para seguir anunciando aumentos. Por eso mismo, el equipo del Ministerio de Energía está dedicado hoy a cruzar bases de datos y padrones de beneficiarios de planes sociales para determinar lo más precisamente posible quiénes pueden acceder a una tarifa eléctrica social y así neutralizar potenciales protestas por el aumento que los hogares recibirán desde abril.
En el caso de los boletos, la idea es dejar pasar algunas semanas y, cuando despeje el horizonte político, anunciar un aumento menor, que podría explicarse por la inflación acumulada, lo cual llevaría el boleto mínimo de colectivo a cinco pesos. Lo que ya está decidido es que el cambio del sistema integral que tiene el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la cabeza, quedará para mucho más adelante. Ese sistema encarecería significativamente los traslados de la clase media, pero sobre todo, tiene un impedimento técnico: el equipo de Dietrich aún no construyó un sistema que permita integrar toda la estructura de transporte público en la Capital y el conurbano, con lo cual habrá que esperar para dejar atrás la tarjeta SUBE tal como está hoy.
Con esos proyectos, el Gobierno busca sacarse de encima la etiqueta de que las medidas están orientadas sólo a mejorar la situación de los empresarios o a los sectores más favorecidos e intentará dejar en evidencia su preocupación por los malestares de los más pobres. “La inflación es injusta, especialmente para los que menos tienen, porque va horadando salarios y precios”, dijo ayer el jefe de Gabinete Marcos Peña en una entrevista por radio Mitre. Fue un diagnóstico del presente, pero también, aseguran funcionarios de su equipo, una pista de los planes de la casa Rosada para el futuro más cercano.
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