martes, 23 de febrero de 2016

Habrá "plan canje" para 10 millones de celulares

El Gobierno busca acelerar la migración de 10 millones de dispositivos a 3G y 4G. Sucede que en la Argentina, el 54% de las conexiones móviles se producen sobre redes 2G.
Para acelerar la migración de los usuarios argentinos de 2G a redes 3G y 4G y mejorar la calidad de las conexiones móviles, el gobierno nacional prevé lanzar un plan canje de celulares. Así lo aseguró ayer el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la primera jornada del Congreso Mundial de Móviles, en España. 

El proyecto, que está en estudio y que fue objeto de consultas durante algunas de las reuniones que la comitiva oficial argentina tuvo con las operadoras, prevé el reemplazo de 10 millones de dispositivos. De concretarse -aún resta resolver cómo se financiará- será una experiencia sin muchos antecedentes en el exterior.

En la Argentina, aunque el desarrollo de la tecnología 4G avanza a paso firme desde fines de 2014, el 54% de las conexiones móviles se producen sobre redes 2G, según un reciente informe de Cisco.

Aguad, junto con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y otros funcionarios, participó en este congreso de la conferencia ministerial, un foro que reúne a reguladores de todo el mundo. Allí, se reunió con funcionarios de Colombia, España y Canadá, países que el Gobierno considera referentes en materia de legislación de telecomunicaciones. Según el DNU 267/2015, con el que el presidente Mauricio Macri modificó las leyes de medios y de telecomunicaciones, el ministerio de Aguad tiene un plazo de un año para elaborar un anteproyecto de ley convergente que reemplace aquellas normas. Mientras ese trabajo da sus primeros pasos, el Enacom tiene muy avanzada la reglamentación del DNU, que según el Gobierno sería aprobado hoy por la comisión de seguimiento de los decretos.

Otro de los temas que está en análisis es el de sanciones para las empresas que no cumplan con la calidad prometida del servicio. Se estudia la posibilidad de que las operadoras deban pagar sanciones económicas directamente a los clientes afectados. (La Nación)
                              

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