El consejo directivo nacional de la Asociación Bancaria definió redoblar las medidas de fuerza. El gremio que representa a los trabajadores de bancos repudiará, mediante una serie de paros, la represión policial contra miembros del gremio, la no reincorporación de 36 trabajadores de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y la aplicación del impuesto a las Ganancias.
El pròximo jueves 12 y viernes 13 los empleados de las entidades de todo el país no atenderán al público durante la última hora de la jornada. El miércoles 18 y el jueves 19, en tanto, la protesta se extenderá a las últimas dos horas.
“En el próximo congreso nacional ordinario, a fin de mes, seguramente se resolverá un paro nacional más para el 8 de julio. Aún no obtuvimos los nombres de los responsables de ordenar la represión del 13 de mayo. Tampoco se cumplió una resolución del año pasado del Ministerio de Trabajo para que los despedidos vuelvan a sus puestos”, explicó el titular local de La Bancaria, Eduardo Bourlé.
Las medidas mencionadas son en relación a las problemáticas del sector en la provincia. En cuanto a las nacionales, detalló que reclaman cambios en la política tributaria. “Se benefician los que más tienen en perjuicio de los trabajadores. Aquí se llenan la boca hablando de idealismo y de justicia social.
En un gobierno peronista teníamos 12 sueldos con dos medio aguinaldos. Ahora apenas llegamos a ocho y medio, por el impuesto a las Ganancias. Nosotros obtenemos muy buenos acuerdos, pero el dinero entra por un bolsillo y sale por el otro. A las mejoras se las lleva el Estado”, lamentó. Consideró que las mayores cargas deberían ser para actividades como la minería o el juego.
Audiencia en la Corte
Las autoridades del gremio presentaron esta semana pedidos de audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur y el ministro fiscal, Luis de Mitri.
En los escritos, argumentaron que los requerimientos son por la falta de “avance en la causa relacionada con la violenta represión ejercida por la Policía”. Consignaron que expresarán la necesidad de que “se haga justicia” y de que se determinen los autores materiales e intelectuales de la “agresión”.
Durante la mañana del martes 13 de mayo se produjo un violento enfrentamiento dentro de la casa central de la Caja Popular de Ahorros (San Martín y 25 de Mayo) y en la plaza Independencia. Una gresca entre dirigentes gremiales y trabajadores afines al interventor del organismo, Armando Cortalezzi, derivó en la intervención de la Policía.
El saldo fue que varios miembros del gremio, entre ellos el propio Bourlé, terminaran con heridas de bala de goma. Una serie de denuncias judiciales cruzadas engrosó aún más los expedientes del conflicto en Tribunales.
Desde entonces, los paros y las marchas de La Bancaria se sucedieron. El enfrentamiento había estallado en septiembre de 2012, cuando el Gobierno había tomado $ 172 millones de los fondos de garantía de la CPA, a cambio de Letras del Tesoro. En 2013, el pleito se agravó por las cesantías.
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