Con la prueba de oposición para ocupar 18 vacantes en el cargo de Oficial Auxiliar, terminó la segunda etapa de concurso cerrado y centralizado, que se realizó en Paraná entre Septiembre y Octubre, para la cobertura de diferentes cargos en el escalafón administrativo. En lo que va de 2015, más de 240 agentes concursaron para ascender por el proceso transparente y racional del concurso, previsto por la Constitución y el estatuto del empleado judicial, y en el marco de la política de regularización de la Planta de Personal dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia.
Veintiocho empleados de los Tribunales de Paraná rindieron esteb viernes 30 de octubre el examen de oposición para ocupar las vacantes de la categoría Oficial Auxiliar, del Escalafón creado por la Ley 5143 que regula el régimen de trabajo de los agentes del Poder Judicial.
Con esa prueba finalizó la segunda etapa de Concurso Cerrado y Centralizado, que comenzó el 18 de septiembre pasado, para la cobertura de 57 vacantes, y que incluyó también las categorías de Oficial Superior de Segunda, Jefe de Despacho, Oficial Mayor y Oficial Principal. La posibilidad de ascender dentro de la carrera administrativa concitó el interés de 160 empleados, de los cuales ciento veintinueve rindieron los exámenes, corregidos por diferentes tribunales, conformados para cada categoría del escalafón.
El primer concurso cerrado y centralizado se llevó a cabo en el mes de marzo de este año. En total, fueron más de 240 los empleados judiciales de Paraná que en 2015 rindieron las pruebas de ascenso, en dos convocatorias que se llevaron a cabo de manera centralizada, con un diseño del sistema de oposición, de acuerdo a las pautas establecidas por la Comisión Ampliada que lleva adelante el Plan de Regularización de la Planta de Personal del Poder Judicial. La agilización de los concursos de ascensos despertó el interés de gran cantidad de agentes, decididos a ejercer su derecho a la carrera administrativa.
Los empleados que se presentaron a concursar a lo largo del año representan aproximadamente la mitad de la planta de personal de la carrera administrativa de la ciudad de Paraná. Con los dos concursos que se llevaron a cabo en el presente año se cubren todas las vacantes que existían en las diferentes categorías del escalafón. Además, los órdenes de mérito que se surgidos de ambos procesos, tienen una vigencia de un año, por lo cual, cualquier vacante que surja en ese plazo se cubrirá con dichos listados.
Política integral y consensuada
El Plan de Regularización de la Planta de Personal del Poder Judicial es el resultado de una decisión política institucional, tendiente a reordenar la planta de personal para adaptarla a las necesidades actuales del servicio de Justicia, y cumplir con las disposiciones contenidas en la Constitución de Entre Ríos y el Estatuto del Empleado Judicial. En el diseño de dicha política participaron la presidenta del STJ, Dra. Claudia Salomón, los integrantes de la Comisión de Personal del STJ, Dr .Juan Ramón Smaldone y Dr. Emilio A. E. Castrillón, el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer).
La cobertura de las vacantes mediante el mecanismo de concurso cerrado, permite el desplazamiento dentro del escalafón y garantiza el derecho a la carrera administrativa. A medida que ascienden los agentes del último grado del escalafón administrativo, las vacantes de escribiente se irán cubriendo con los aspirantes que rindieron el concurso abierto de ingreso al Poder Judicial, que se encuentra vigente, de acuerdo al orden de mérito resultante de dicha compulsa.
La centralización del concurso cerrado de ascenso implica la celebración de una prueba única para todos los aspirantes a cada categoría, y para todos los fueros. De ese modo, el STJ tendrá la disponibilidad plena de órdenes de mérito para ocupar las vacantes, garantizando de ese modo que todo el proceso esté influido por los principios de legalidad, transparencia y acceso a la información pública.
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