El próximo martes Diputados tratará en comisión un proyecto del Ejecutivo que apunta a establecer un marco regulatorio para la instalación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones e infraestructuras relacionadas (telefonía, internet, radio, etc).
Muchos municipios tienen ordenanzas propias, lo cual generó “una disparidad regulatoria” en el territorio provincial, se informó.
El martes, a las 9, la Comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales en conjunto con la de Legislación General se reunirá con el fin de abordar el proyecto de ley por el que se regula la instalación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas, e infraestructuras relacionadas en Entre Ríos.
El autor de la iniciativa es el Poder Ejecutivo y el artículo 1º de la misma dispone que “el objetivo es el establecimiento de los requisitos para el otorgamiento de la habilitación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas, y sus infraestructuras relacionadas conforme a las definiciones y alcances en ella determinadas. Serán sujeto de esta ley los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (OST) y se hará mención específica sobre los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) que se encuentran incluidos en los OST.
En el artículo segundo se define los conceptos de “Estructura Soporte de Sistemas de Radiocomunicaciones” como toda infraestructura montada a nivel de suelo o sobre edificaciones existentes necesaria para soportar sistemas de radiocomunicaciones. En tanto, denomina “antenas” a todos aquellos elementos específicos destinados a la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas de radiocomunicaciones, y define a la “Infraestructuras relacionadas” a aquellos elementos auxiliares que cumplan funciones que permitan el funcionamiento del sistema.
EXCEPCIONES
Quedan exceptuadas de esta regulación la instalación de estructuras soporte de sistemas de radioaficionados, de sistemas receptores de uso domiciliario y las afectadas a la defensa nacional, a la seguridad pública, a la defensa civil, y a servicios públicos gubernamentales, siempre y cuando estas sean de uso exclusivo a estas aplicaciones.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y Comunicación, determinará la Autoridad de Aplicación, pudiendo ésta crear un cuerpo de inspectores para constatar el efectivo cumplimiento de la norma y coordinar con los municipios las medidas pertinentes.
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