domingo, 14 de mayo de 2017

Casi el 60% de los internos de las unidades penales de Entre Ríos acceden a espacios educativos

Educación en contextos de encierro. En la provincia aumentó la oferta de estudios primarios, secundarios, de cursos y hasta de nivel universitario. Un 70% de la población tiene entre 21 y 35 años, con muy bajo nivel escolar.

n las nueve unidades penales de la provincia hay alojados 1.817 presos, según los registros al 9 de mayo. El número, lógicamente, oscila a diario, pero con una clara e irreversible tendencia de crecimiento, que llevó a que en poco más de un lustro prácticamente se duplicara la población penal.

El estudio, como el trabajo, son considerados un derecho de los internos, no un beneficio; particularmente el trabajo, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad –del año 1996–, es un deber, aunque el artículo 110 de esa normativa establece que "no se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto". Ambos, educación y trabajo, son claves y bases del tratamiento, y al mismo tiempo tienen una incidencia positiva en la formación.

El trabajo, de alguna manera, en menor o mayor medida de cumplimiento, ha estado siempre presente en las cárceles. No sucedió lo mismo con la parte educativa, que ha tenido una fuerte penetración y crecimiento en los pabellones, en los últimos años. Actualmente, en las nueve unidades penales entrerrianas –Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay y Federal– se ofrece la posibilidad de completar los estudios primarios y secundarios, desarrollar más de una docena de cursos, y hasta cursar estudios universitarios, a través de propuestas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Según registros del Servicio Penitenciario y de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), casi un 60% de los internos asisten a alguno de esos espacios educativos.
Por la asistencia a Primaria y Secundaria, queda en evidencia el bajo nivel educativo de los presos.
Por ejemplo, en la Unidad Penal (UP) Nº 1 José O' Connor de Paraná, cursan el primer nivel educativo 80 personas; la Secundaria –obligatoria desde 2006– tiene 95 alumnos. En total, en ese Penal hay 716 internos, con la estadística al cierre del mes de abril.

En la UP 2 de Gualeguaychú, hay 38 en el nivel primaria y 35 en secundaria (sobre un total de 168 internos); en la UP 3 de Concordia, 76 y 48, respectivamente sobre una población carcelaria total de 208 personas; en la UP 4 de Concepción del Uruguay, 41 y 60 estudiantes, sobre un total de 218; y en la UP 5, 25 y 42, en primaria y secundaria, de un total de 117 presos.
En la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal de Paraná, hay nueve mujeres que cursan estudios primarios y 24, secundarios, sobre una población total de 61 personas.

En la UP 7 de Gualeguay hay 20 alumnos primarios y 12 secundarios, sobre un total de 126; en la UP 8 de Federal, 10 y 11 estudiantes, de una población de 54; y en la UP 9 Granja Penal Colonia El Potrero de Gualeguaychú, asisten 88 alumnos –36 a Primaria y 52 en Secundaria– sobre un total de 138 presos.

"El 70% de la población penal tiene entre 21 y 35 años. Son jóvenes y cuando uno comienza a escuchar y conocer sus historias de vida, se da cuenta que ese pibe no fue a la escuela, fue expulsado, tuvo exclusión educativa. Entonces nos encontramos con un sujeto que viene con una historia marcada, con un nivel educativo bajo, y nosotros tenemos que trabajar en esa reestructuración. La educación es un derecho, no es un beneficio. Y la persona que está privada de la libertad, el único derecho que tiene cortado es el de ambular.

 Los demás derechos, el Estado los tiene que garantizar", planteó la licenciada en Ciencias de la Educación Adelina Quartino, coordinadora del Departamento Educación del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
A la par de las escuelas primarias y secundarias que se fueron instalando en los últimos años, se han intensificado también la propuesta de cursos de formación, en rubros como panadería, herrería, pintura, construcción, carpintería, electricidad, sanitarista, restauración de muebles, huerta y viverista, manualidades, peluquería, encuadernación, operador de PC, armado y mantenimiento de PC, entre otros.

Como a los establecimientos educativos se asiste por la tarde, de lunes a viernes, no se superponen con estos cursos, o con la laborterapia –ver recuadro–, que está a cargo de la Dirección Principal de Industria, del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Por ejemplo, en el caso de la UP 1, asisten a esos otro espacios educativos, unas 281 personas; en la UP 2, 170; son 107 en la UP 3; 105 en la UP 4; 93 en la UP 5; 101 en la UP 6; 51 en la UP 7; 34 en la UP 8; y 52, en la UP 9.

"En los últimos año se ha ido modificando el paradigma de hacer buena conducta, que no es más el estar tirado en una cama", marcó la especialista en Educación, que trabaja en la coordinación, junto a cada uno de los referentes en las unidades penales.
Además del incremento de la oferta, ha sido significativo el aporte de la categoría "estímulo educativo", incorporado en la Ley 24.660, en el año 2011.
"La educación es un derecho, no es un beneficio. La persona que está privada de la libertad, el único derecho que tiene cortado es el de ambular. Los demás derechos, el Estado los tiene que garantizar. Nosotros como parte del Estado, el CGE y la universidad, tenemos el derecho y compromiso de garantizarlo. 

Teniendo en cuenta eso, es clave el accionar. Y cuando uno comienza a conocer las historias educativas de las personas que están privadas de la libertad, comienza a darse cuenta que hubo un Estado ausente", remarcó Quartino.
El estímulo educativo propone que el cumplimiento y aprobación escolar o formativa permite el avance o reducción de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario: se trata de las distintas etapas que el interno debe pasar, desde su ingreso "Lo que hace el estímulo educativo es un avance de esas etapas, no una reducción de la pena o de la condena, aunque por supuesto que la persona que está privada de la libertad, así saldrá antes. En las entrevistas, la mayoría nos dice que asisten a la escuela por el estímulo educativo.

Puede ser perverso, o un arma de doble filo", reconoció, y agregó en el listado también otros intereses de los internos, como salir del pabellón, aprender un nuevo saber, terminar la escuela, o cumplir una vieja deuda con su historia de vida.
"La educación tiene algo muy positivo: trabaja en lo potencial del otro. Siempre decimos que cumple la parte más sana de las unidades penales, porque uno trabaja con lo potencial, con los saberes; porque siempre trabajar con el conocimiento es gratificante. 

La educación es una parte linda para trabajar en las cárceles, con el panorama complejo, por los sujetos que allí transitan, pero tiene eso muy movilizante", remarcó.
Al mismo tiempo, acotó la importancia del programa de Formación Universitaria en Contextos de Encierro. La propuesta universitaria, contó, surgió en 2006, a instancias de cuatro internos que habían terminado en la UP 1. A partir de allí se establecieron los acuerdos con las facultades de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Actualmente, en la UP 1 hay 25 alumnos en alguna de las ofertas educativas de la primera facultad, y 14 en la segunda. Y en Concepción del Uruguay hay 15, y otros 8 que cursan "extra muros".
"Es como una sede de la facultad en la cárcel. El dictado y metodología es igual, y las cátedras se van implementando a medida que avanzan los alumnos", aclaró. Y destacó también el trabajo en materia de extensión que desarrolla la Universidad Nacional de Entre Ríos, con cursos que van desde primeros auxilios hasta cocina, que permiten enhebrar en forma permanente, redes y vínculos con la comunidad.
Perspectiva
Por su parte, el director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) Exequiel Coronoffo, destacó el avance de las educación en las cárceles, con las recientes aperturas de escuelas secundarias en Federal y en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná, además de la ampliación de la oferta.
"En un momento tan complejo, que el Estado entrerriano tome la decisión que la única salida en contextos de encierro es la educación, todavía más que el trabajo, es una definición. Porque estamos profundamente convencidos que no hay otra alternativa, y en cortísimo plazo estamos viendo algunos de esos frutos. Lógicamente que las situaciones son complejas y nosotros no somos nadie para opinar sobre lo que es la situación procesal o penal ni judicial, pero si nos damos cuenta que como estudiantes muchas veces evolucionan y muchos tiene la vocación de mejorar y seguir estudiando afuera. Así de un grupo de 30 sigan 5", aclaró.
En todas las unidades penales hoy, insistió, hay escuela Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Con esa base, se gestó una mesa de co-gestión, que incluye al CGE, al Servicio Penitenciario Provincial, al Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Justicia, el Copnaf y el acompañamiento de Nación; eso se tradujo luego en mesas de cogestión institucionales en cada una de las unidades penales.
La ampliación educativa llevó a que por ejemplo, el año pasado, un proyecto de la Unidad Penal Nº 1 obtuviera la máxima premiación en la Feria Nacional de Ciencias, en la categoría Jóvenes y Adultos. Se trató del proyecto Eco Pandorga, que consiste en la construcción de un barrilete con materiales reciclados y biodegradables, que contiene dos sensores, uno para medir los gases en el aire y otros para residuos sólidos. Surgió enfocado, remarcó Coronoffo, a partir de una problemática de las escuelas rurales. "En este caso es importante que se destaquen, porque quiere decir que hubo un grupo de estudiantes interesados en investigar, y una institución y docentes que estuvieron apuntalando esa idea de trabajo", planteó.
Por su parte, la coordinadora de Educación en Contextos de Encierro, Melina Romero, acotó que desde el año pasado, comenzaron a implementarse cursos de capacitación, para aquellas personas que no saben leer ni escribir. "Es un curso que cura siete meses, y al terminar, en abril de este año se incorporaron a la Primaria".
Además de aprender a leer y escribir, ese curso lleva consigo otra intención: "Es como una invitación al sistema educativo formal. Con el curso se buscó tratar de llegar a estudiantes en contextos de encierro, que no llegábamos con la escuela, que por distintos motivos no asistían o no salían de sus pabellones. Entonces con la mirada o llegada de un par, que está más avanzado, esa otra persona que se encuentra en contexto de encierro tuvo también la misión de alfabetizar, para llegar a otro perfil de estudiante. Porque podemos tener la propuesta educativa, pero necesitábamos tener otras formas de llegada", marcó.
Reseñando los avances del último año, la coordinadora puntualizó la inauguración del secundario semi-presencial en Federal y Gualeguaychú –las dos cárceles más nuevas–, la incorporación de mayor oferta de cursos de formación y especialización; y la secundaria en la Unidad Penal de Mujeres.
"Ha sido histórico e importante la habilitación de la escuela en la cárcel de mujeres. Creíamos que en un momento delicado a nivel nacional y de la sociedad sobre la discusión de género, no podíamos tener naturalizado que la escuela de mujeres sea un apéndice de la de varones. Había que crear una institución que camine, construya y desande su propia identidad de escuela", destacó Coronoffo.
Laborterapia: altos índices en las UP 6 y 7
"Nosotros estamos, como dice la Ley 24.660, para alojar a las personas ya condenadas, a cumplir una condena. La persona cumple la condena que le impone la Justicia, y va a cumplir con la sociedad cuando termine de purgar esa condena dentro de las cárceles. Es ahí donde empezamos a trabajar nosotros, tratar de recuperar a esas personas, porque las que entran, salen. Pueden entrar por cuatro años, ocho, 10 o 20 años, y terminan saliendo", destacó a UNO Víctor Montero, subdirector 2º a cargo de la Dirección Principal de Industria, del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
El trabajo, según la ley vigente, es obligatorio, pero como se ha dicho, no se puede coaccionar a los internos. Justamente, esta semana se conoció la sanción de la Legislatura mendocina, de una ley que obliga a trabajar a los presos condenados; apunta a terminar con la "ociosidad" dentro de los penales de esa provincia, en el marco de una iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo.
El trabajo en las cárceles entrerrianas, se hace a contra-turno del horario de los espacios educativos. Se denomina laborterapia, y en abril estaban registrados unos 726 internos. Los porcentajes en cada unidad penal difieren, no solo por el interés o no de los internos en realizar trabajos, sino también en la capacidad y disponibilidad de las instalaciones de cada lugar.
En la UP 1 hay 217 personas que realizan trabajos; en la UP 2, 69; en la UP de Concordia, 60; en la UP 4, 45 internos; en la UP 5, 77. En la Unidad Penal de Mujeres, desempeñan alguna labor u oficio 46 mujeres y en la UP de Gualeguay, 115; en estas últimas dos unidades penales, los porcentajes llegan al 75% y al 89% de personas que realizan trabajos, sobre el total de la población carcelaria.
Finalmente, en la UP 8 son 28 internos, y en la UP 9, 69.
"Tal vez una de las que tiene mayor variedad y oferta es la Unidad Penal Nº 1, porque es la más amplia y permite mayor desarrollo de tareas", remarcó Montero. Los internos son retirados de los pabellones de lunes a viernes entre las 6.45 y las 7, y hasta cerca de las 12.30 participan de los cursos y talleres de carpintería, herrería, chapa y pintura, mecánico, colchonería, cunicultura, panadería.
Por la labor, cobran un peculio estímulo, que es un monto mínimo que va desde los 200 pesos por mes.
De todos modos, Montero hizo hincapié en unos trabajos específicos desarrollados por internos, por ejemplo de la UP 1 de Paraná: el nuevo pabellón inaugurado esta semana para 50 personas, se construyó con agentes del Servicio Penitenciario, y el trabajo de unos 25 internos. Y también mencionó la tarea que desarrollan en el marco de un convenio con la Municipalidad de Paraná, donde realizan trabajos de limpieza de baldíos unos 30 internos, que salen con la custodia de ocho agentes.
"En líneas generales, hay un cambio que se ha dado en el Servicio Penitenciario Provincial, en base a lo que es educación y trabajo para la libertad, como se utiliza como lema. Es un cambio importante desde esta nueva gestión, que ha apostado a dar un giro y trabajar más sobre las personas privadas de la libertad. Como decías vos, a veces cuesta que la gente y la sociedad pueda comprender lo que está pasando dentro de una unidad penal. Nuestro rol, desde la parte de Educación y de Trabajo, es justamente recuperar a la persona durante el proceso de la pena, tratar de enseñarles lo máximo posible: enseñarles a terminar un secundario, una primaria, la facultad; y desde la parte laboral, oficios que le van a servir el día de mañana cuando recuperen la libertad, poder justamente ejercerlo para ayudar a sus familias y a sí mismos. Está dando buenos resultados y ha tenido repercusión en otros países, como Uruguay y Chile, que nos vinieron a visitar para ver cómo es el procedimiento carcelario, o el sistema que se está implementando", reflexionó.Fuente Uno

Oferta. En todas las unidades penales hay escuelas primarias y secundarias.

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