Los colegios profesionales que agrupan a contadores y escribanos de Entre Ríos emitieron un comunicado, en tono diplomático, en el que insinúan cuestionamientos a la reciente Reforma Tributaria aprobada por la legislatura entrerriana, en base a una propuesta de la CTA.
Aclaran que no es su intención trabar la gestión gubernamental, pero a su vez lamentan no haber sido consultados, a pesar de que -dicen- "nos hemos puesto a disposición de las autoridades para servir de interlocutores válidos en los temas que son de nuestra especialidad".
Contadores y escribanos no dudan en aseverar que los cambios impositivos "generan una afectación en la cadena comercial dentro y fuera de la provincia, generando sobrecarga no sólo por los recursos que detrae de la actividad privada sino por el efecto directo que tiene sobre los precios y por ende, los costos de los bienes y servicios".
Apuntan especialmente sus críticas a algunas reformas, que resume en estos términos: "grava la industria local (al 1%), aumenta la alícuota general del 3,5 al 4,5%, modifica la mayorista del 2,5% al 3,5% y la minorista para PYMES del 3% al 4%; todo lo que implica que el bolsillo de los consumidores finales de nuestra provincia se verá percutido por un incremento de 3% en el acumulado".
En ese contexto, la emprenden contra "ingresos brutos": "Dicen los libros de finanzas públicas que el impuesto sobre los ingresos brutos grava el consumo de las personas, es decir sobre el sector de menor capacidad contributiva, por lo que se lo considera un impuesto regresivo".
El comunicado completo:
Modificaciones Impositivas Provinciales
Opinión Conjunta de Colegios Profesionales
Las entidades firmantes desean hacer expresas algunas cuestiones que estiman comunicar al Gobierno Provincial y a la ciudadanía.
1) En primer lugar, no es intención generar ninguna traba a la gestión gubernamental, sino todo lo contrario, aportar a una mejor performance que procure lo que todos los ciudadanos queremos, el bienestar general;
2) En segundo término, permanentemente nos hemos puesto a disposición de las autoridades para servir de interlocutores válidos en los temas que son de nuestra especialidad. En ese sentido, no nos creemos con mayor privilegio que nadie pero sí sabemos que podemos realizar aportes que eviten complicaciones en la aplicación de las medidas, tanto a los contribuyentes como a la propia administración tributaria.
3) En lo que concierne a las normas tributarias, esto es necesario pues la profusión de novedades que han existido tanto en modificaciones como en creaciones de nuevos gravámenes, marcan un accionar en el que, al menos, no se han previsto adecuadamente los efectos que provocarían. Ejemplo de ello resulta el antecedente del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que más que generar fondos para las arcas públicas ha provocado una paralización casi total de estas tramitaciones.
4) Y esto queda evidente en el propio incumplimiento legal de la autoridad tributaria que no ha conseguido ordenar el Código Fiscal a pesar del mandato de las últimas leyes.
5) Otro ejemplo claro resulta la reciente sanción de la ley que modifica el Código Fiscal y la Ley Impositiva en un número significativo de artículos, que en lo que más nos preocupa, generan una afectación en la cadena comercial dentro y fuera de la provincia, generando sobrecarga no sólo por los recursos que detrae de la actividad privada sino por el efecto directo que tiene sobre los precios y por ende, los costos de los bienes y servicios.
6) Más allá de otros aspectos que puedan compartirse, la reciente reforma grava la industria local (al 1%), aumenta la alícuota general del 3,5 al 4,5%, modifica la mayorista del 2,5% al 3,5% y la minorista para PYMES del 3% al 4%; todo lo que implica que el bolsillo de los consumidores finales de nuestra provincia se verá percutido por un incremento de 3% en el acumulado.
7) Dicen los libros de finanzas públicas que el impuesto sobre los ingresos brutos grava el consumo de las personas, es decir sobre el sector de menor capacidad contributiva, por lo que se lo considera un impuesto regresivo.
8) Asimismo, se vuelve a incrementar la alícuota de la contribución patronal de la Ley 4035 al 3%, lo que resulta un efecto negativo para la competitividad empresarial, pues está claro que esto es un impuesto al trabajo, contradiciendo el compromiso que este mismo Gobierno había tomado de eliminar la carga.
9) Que por el bien del tejido social, corresponde que todos quienes formamos parte del mismo actuemos responsablemente en pos del bien colectivo.
En este sentido, abogamos por una gestión comunicativa, que tenga en cuenta a las instituciones que, en definitiva, son nexo permanente con los contribuyentes en particular y con la comunidad en general.
Esto contribuirá a una mayor transparencia de la gestión pública y fortalecerá la seguridad jurídica, en beneficio de todos.
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