La Cámara de Diputados de Entre Ríos trató este martes un proyecto de ley con media sanción del Senado que establece la adhesión a la Ley 26.657 de Salud mental.
En su novena sesión del 137 período legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con modificaciones un proyecto originado en el Senado que establece la adhesión a la Ley nacional 26.657 de Salud Mental.
Los Diputados consideraron necesarios la creación de un ente de contralor que permita vigilar el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Mental, por lo que en el artículo segundo se establece la creación del “Órgano de revisión provincial de salud mental” en el ámbito de la Defensoría General de Entre Ríos, con el objeto de “proteger y promover los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental”.
El órgano tendrá funciones idénticas a las de su equivalente nacional. Entre ellas, “requerir información a las instituciones públicas y privadas que permitan evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos” y “supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, prácticas o abordajes”.
El organismo está compuesto por representantes de la dirección de Salud mental, secretaría de Justicia, ministerio Público, asociaciones de usuarios de salud mental, asociaciones de profesionales y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.
“Quienes conocen este tipo de padecimientos saben que no es sólo problema del paciente sino también de todo su grupo familiar”, señaló el Diputado José Allende a la hora de fundamentar el proyecto y las modificaciones introducidas.
“Si a esto le otorgamos que éste órgano de control era pedido por las mismas autoridades que van a ser controladas, es doblemente positivo, porque muchas veces estos proyectos se frenan cuando quienes van a ser controlados ven que no podrán tener un margen de libertad para no cumplir con la norma”, sostuvo el legislador.
En ese marco, Allende afirmó: “si recorremos los centros de salud privada nos encontramos con situaciones que están lejos de respetar los derechos humanos de los pacientes. Hay lugares que no son acordes para la atención de los pacientes y vimos que era necesario ponernos a la altura de las circunstancias”.
Por su parte, el Diputado del bloque Cambiemos, Alberto Rotman, señaló que “los viejos manicomios eran lugares donde alguien que tenía un problema de salud mental era internado y ahí quedaba” y en ese marco evaluó que la adhesión a la Ley 26.657 “pasa a darle más derechos humanos al paciente. El enfermo de salud mental no es para depositarlo; es un enfermo como cualquier otro y es perfectamente recuperable si le dan el tratamiento adecuado”.Fuente: AIM.
En su novena sesión del 137 período legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con modificaciones un proyecto originado en el Senado que establece la adhesión a la Ley nacional 26.657 de Salud Mental.
Los Diputados consideraron necesarios la creación de un ente de contralor que permita vigilar el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Mental, por lo que en el artículo segundo se establece la creación del “Órgano de revisión provincial de salud mental” en el ámbito de la Defensoría General de Entre Ríos, con el objeto de “proteger y promover los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental”.
El órgano tendrá funciones idénticas a las de su equivalente nacional. Entre ellas, “requerir información a las instituciones públicas y privadas que permitan evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos” y “supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, prácticas o abordajes”.
El organismo está compuesto por representantes de la dirección de Salud mental, secretaría de Justicia, ministerio Público, asociaciones de usuarios de salud mental, asociaciones de profesionales y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.
“Quienes conocen este tipo de padecimientos saben que no es sólo problema del paciente sino también de todo su grupo familiar”, señaló el Diputado José Allende a la hora de fundamentar el proyecto y las modificaciones introducidas.
“Si a esto le otorgamos que éste órgano de control era pedido por las mismas autoridades que van a ser controladas, es doblemente positivo, porque muchas veces estos proyectos se frenan cuando quienes van a ser controlados ven que no podrán tener un margen de libertad para no cumplir con la norma”, sostuvo el legislador.
En ese marco, Allende afirmó: “si recorremos los centros de salud privada nos encontramos con situaciones que están lejos de respetar los derechos humanos de los pacientes. Hay lugares que no son acordes para la atención de los pacientes y vimos que era necesario ponernos a la altura de las circunstancias”.
Por su parte, el Diputado del bloque Cambiemos, Alberto Rotman, señaló que “los viejos manicomios eran lugares donde alguien que tenía un problema de salud mental era internado y ahí quedaba” y en ese marco evaluó que la adhesión a la Ley 26.657 “pasa a darle más derechos humanos al paciente. El enfermo de salud mental no es para depositarlo; es un enfermo como cualquier otro y es perfectamente recuperable si le dan el tratamiento adecuado”.Fuente: AIM.
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