El servicio Nacional de Rehabilitación estuvo trabajando este lunes y martes en Paraná en la auditoría y capacitación de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad de toda la provincia.
Durante la primera jornada, las profesionales pertenecientes al Departamento de Evaluación y Valoración de la Discapacidad fueron recibidas en el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y auditaron aquellos legajos de solicitudes del Certificado Único de Discapacidad (CUD) tramitados durante 2016.
Las autoridades nacionales que trabajaron al respecto son Valeria Puricelli, Patricia Fuentes, Luz Bolzán, Natalia Mauce, Magdalena Bonzigues y Laura Tomé, quienes fueron recibidas por la administrativa de la Junta Evaluadora de Discapacidad, Stella Maris González.
Por otro lado, este martes profesionales de las once juntas evaluadoras distribuidas en toda la provincia asistieron a una capacitación sobre evaluación y valoración de la discapacidad, que apuntó a la formación de quienes diariamente tramitan las solicitudes de aquellos ciudadanos entrerrianos que concurren a solicitar el CUD.
La directora del Iprodi, Cristina Ponce, estuvo presente en ambas instancias y valoró la posibilidad de continuar profundizando las políticas de discapacidad en Entre Ríos, en este caso mediante la capacitación de las Juntas Evaluadoras.
En la capacitación estuvieron presentes profesionales y trabajadores administrativos de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad de Paraná, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Federación, Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá y Villaguay. A su vez, asistieron los responsables de las Juntas que pronto se emplazarán en Rosario del Tala y Victoria, una vez que se hayan cumplimentado todos los trámites y procedimientos correspondientes.
Cabe destacar que desde el Iprodi se viene trabajando para hacer cada vez más eficiente la implementación del CUD y velar por la calidad de los datos que se encuentran en el registro nacional de situación de las personas con discapacidad. Esta es la principal herramienta para que las personas con discapacidad puedan acceder a beneficios y prestaciones. Constituye un derecho, materializado en un documento público, que posibilita el acceso al sistema de salud y a los beneficios establecidos en la normativa vigente para las personas con discapacidad, y tiene validez nacional.
En la misma línea, debe mencionarse que este año ya hubo cuatro encuentros entre legisladores, funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil en vistas a un proyecto para ampliar y extender el CUD en Entre Ríos, reforzando las políticas de protección en materia de discapacidad. La iniciativa surge tras la propuesta de Unicef Argentina y la Fundación IPNA, que buscan aumentar el número de niños y niñas que acceden a este beneficio para ampliar la protección social.
Todos los días una importante cantidad de ciudadanos entrerrianos concurren a hacer el trámite y la evaluación correspondiente para acceder a este beneficio. El CUD constituye una política pública que afianza la búsqueda de unificación de los criterios de certificación de la discapacidad en todo el país, cuyo objetivo último es propender a la federalización en la emisión del certificado de discapacidad con validez nacional, acercando aún más los beneficios instituidos por ley a cada ciudadano que lo necesite.
Durante la primera jornada, las profesionales pertenecientes al Departamento de Evaluación y Valoración de la Discapacidad fueron recibidas en el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y auditaron aquellos legajos de solicitudes del Certificado Único de Discapacidad (CUD) tramitados durante 2016.
Las autoridades nacionales que trabajaron al respecto son Valeria Puricelli, Patricia Fuentes, Luz Bolzán, Natalia Mauce, Magdalena Bonzigues y Laura Tomé, quienes fueron recibidas por la administrativa de la Junta Evaluadora de Discapacidad, Stella Maris González.
Por otro lado, este martes profesionales de las once juntas evaluadoras distribuidas en toda la provincia asistieron a una capacitación sobre evaluación y valoración de la discapacidad, que apuntó a la formación de quienes diariamente tramitan las solicitudes de aquellos ciudadanos entrerrianos que concurren a solicitar el CUD.
La directora del Iprodi, Cristina Ponce, estuvo presente en ambas instancias y valoró la posibilidad de continuar profundizando las políticas de discapacidad en Entre Ríos, en este caso mediante la capacitación de las Juntas Evaluadoras.
En la capacitación estuvieron presentes profesionales y trabajadores administrativos de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad de Paraná, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Federación, Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá y Villaguay. A su vez, asistieron los responsables de las Juntas que pronto se emplazarán en Rosario del Tala y Victoria, una vez que se hayan cumplimentado todos los trámites y procedimientos correspondientes.
Cabe destacar que desde el Iprodi se viene trabajando para hacer cada vez más eficiente la implementación del CUD y velar por la calidad de los datos que se encuentran en el registro nacional de situación de las personas con discapacidad. Esta es la principal herramienta para que las personas con discapacidad puedan acceder a beneficios y prestaciones. Constituye un derecho, materializado en un documento público, que posibilita el acceso al sistema de salud y a los beneficios establecidos en la normativa vigente para las personas con discapacidad, y tiene validez nacional.
En la misma línea, debe mencionarse que este año ya hubo cuatro encuentros entre legisladores, funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil en vistas a un proyecto para ampliar y extender el CUD en Entre Ríos, reforzando las políticas de protección en materia de discapacidad. La iniciativa surge tras la propuesta de Unicef Argentina y la Fundación IPNA, que buscan aumentar el número de niños y niñas que acceden a este beneficio para ampliar la protección social.
Todos los días una importante cantidad de ciudadanos entrerrianos concurren a hacer el trámite y la evaluación correspondiente para acceder a este beneficio. El CUD constituye una política pública que afianza la búsqueda de unificación de los criterios de certificación de la discapacidad en todo el país, cuyo objetivo último es propender a la federalización en la emisión del certificado de discapacidad con validez nacional, acercando aún más los beneficios instituidos por ley a cada ciudadano que lo necesite.
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