El Estado provincial, a través del Ministerio de Salud, recordó que ejerce el poder de policía, en su carácter de organismo rector, y no permite la existencia de geriátricos clandestinos o ilegales. Desde la cartera sanitaria aseguraron que, de ningún modo hay demoras en los trámites de habilitación y que el funcionamiento de los establecimientos irregulares también estaría poniendo en riesgo las matrículas de los profesionales responsables.
Operativamente, el seguimiento de los establecimientos irregulares se realiza entrecruzando la información con los municipios y con el Ministerio de Desarrollo Social, que maneja gerontología.
“En lo que hace a los geriátricos denominados 'truchos', el Estado provincial lo que está haciendo es cumplir con el rol rector que tiene, como poder de policía, tanto respecto de los trámites iniciados con pedido de habilitación, como los casos donde de oficio se interviene por una denuncia”, explicó el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor Hugo Berta.
En cuanto a la habilitación de estos espacios, Berta negó que el Estado demore los trámites: “En lo que sí se hace especial énfasis es en que se cumplan con los requisitos que tienen que reunir para que se les otorgue la viabilidad. Para eso, incluso, está la Ley 9.823 y su respectivo decreto reglamentario 3.090, a través de los cuales los interesados pueden interiorizarse de antemano acerca de las pautas a seguir. El que se demora en realidad, es el encargado del lugar, no el Ministerio de Salud. En cualquier caso -que no quede ningún tipo de dudas- no pueden empezar a funcionar si no tienen la habilitación respectiva. Existen casos donde tienen la habilitación municipal pero no la de la cartera sanitaria, y surgen otros casos de denuncias donde no tienen trámites iniciados ni en el municipio ni en Salud”.
Cabe aclarar que la habilitación de estos espacios por parte de la municipalidad tiene que ver exclusivamente con las condiciones edilicias para que en un lugar determinado funcione un geriátrico, mientras que Salud tiene que controlar si en ese sitio se reúnen los requisitos que hacen al estado sanitario de las personas. Por ejemplo, el Ministerio debe tener el listado de los enfermeros, kinesiólogos, médicos responsables y de todos los profesionales que trabajen allí, para su correspondiente verificación.
Además, Berta señaló: “El médico responsable en el geriátrico está en infracción cuando trabaja en un establecimiento que no está habilitado y, en efecto, estaría corriendo riesgo su matrícula. El médico es responsable por todo el trabajo que se haga en la entidad. Si no tiene la habilitación se agrava la responsabilidad de él y si llega a haber un fallecido, se complica aún más”.
Teniendo en cuenta la profundidad de la problemática, el funcionario señaló que para que estos geriátricos irregulares funcionen, también tiene que haber una suerte de complicidad de parte de los familiares que llevan a los adultos mayores a un lugar que no está habilitado: “A raíz de esto, desde el Ministerio de Salud instrumentamos un ingreso rápido a través de la página web www.entrerios.gov.ar/msalud donde, en la sección Habilitaciones, se informa cuáles son los establecimientos habilitados. Por ahora son muy pocos los geriátricos regularizados”.
Seguidamente, el profesional advirtió: “Que un lugar de ésta índole no esté habilitado significa gastar menos plata en el anciano: ese es el negocio. Por eso tenemos en claro que, en caso de que el establecimiento no esté regularizado y producto de la participación del Estado provincial se llegue a su clausura, el hecho de retirar a los abuelos del lugar implica que se termina cayendo el negocio. Para el Ministerio de Salud la geriatría no es un negocio; sin embargo, para los privados sí la posibilidad de ofrecer un servicio de estas características, siempre que se atengan a cumplir con las leyes vigentes”.
“De hecho, nos encontramos con instituciones que muestran actitud de querer allanarse a las reglamentaciones vigentes y a ellos les vamos a brindar todo el aporte institucional que requieran. Pero, en otros casos, no hay ninguna posibilidad de que estén en regla porque ni siquiera el edificio reúne las condiciones y, además, porque su dueño no está interesado en regularizarlo. Así es que en el recorrido nos vamos encontrando con situaciones variadas. Está claro que, funcionando de un modo irregular, esto se transforma en un negocio marginal, clandestino e ilegal. El paso a seguir ante cada clausura de parte del Estado provincial, en consecuencia, es que los abuelos terminen reubicados en lugares donde puedan llevar a cabo una vida digna”, dijo.
En cuanto a las responsabilidades de los dueños de estos lugares irregulares, Berta aseguró que, “detectada la infracción, el Estado va a denunciar a los propietarios de los geriátricos debido a que hay muchas responsabilidades que rondan en torno a esta actividad. Por ejemplo, están las responsabilidades penales, si es que se da algún supuesto hecho irregular, pero también están las patrimoniales, respecto de cada una de las personas; y las disciplinarias, que pueden llegar a caerle a los responsables médicos o a las enfermeras que trabajen en lugares clandestinos”.
“Por caso, en el entrecruzamiento de la información con los municipios, hemos detectado que mucha de la gente que está vinculada con estos establecimientos también son empleados de la provincia o trabajadores municipales”, explicó Berta.
En este marco, se realizó una reunión con referentes de los municipios, con representantes del Ministerio de Desarrollo Social y con la Secretaría de Trabajo provincial, para avanzar en un trabajo conjunto en cuanto a llevar adelante los procedimientos de verificación de las condiciones edilicias y sanitarias de los lugares.
Finalmente, el funcionario hizo hincapié en que el objetivo principal del Ministerio de Salud es que “la gente que quiera vivir de la geriatría lo tome como un trabajo o como un servicio y lo haga de manera responsable. Y que el médico del establecimiento haga su trabajo como profesional. Evidentemente, el tema de los geriátricos denominados 'truchos' es un negocio que, sin los abuelos, se desploma”.
Operativamente, el seguimiento de los establecimientos irregulares se realiza entrecruzando la información con los municipios y con el Ministerio de Desarrollo Social, que maneja gerontología.
“En lo que hace a los geriátricos denominados 'truchos', el Estado provincial lo que está haciendo es cumplir con el rol rector que tiene, como poder de policía, tanto respecto de los trámites iniciados con pedido de habilitación, como los casos donde de oficio se interviene por una denuncia”, explicó el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor Hugo Berta.
En cuanto a la habilitación de estos espacios, Berta negó que el Estado demore los trámites: “En lo que sí se hace especial énfasis es en que se cumplan con los requisitos que tienen que reunir para que se les otorgue la viabilidad. Para eso, incluso, está la Ley 9.823 y su respectivo decreto reglamentario 3.090, a través de los cuales los interesados pueden interiorizarse de antemano acerca de las pautas a seguir. El que se demora en realidad, es el encargado del lugar, no el Ministerio de Salud. En cualquier caso -que no quede ningún tipo de dudas- no pueden empezar a funcionar si no tienen la habilitación respectiva. Existen casos donde tienen la habilitación municipal pero no la de la cartera sanitaria, y surgen otros casos de denuncias donde no tienen trámites iniciados ni en el municipio ni en Salud”.
Cabe aclarar que la habilitación de estos espacios por parte de la municipalidad tiene que ver exclusivamente con las condiciones edilicias para que en un lugar determinado funcione un geriátrico, mientras que Salud tiene que controlar si en ese sitio se reúnen los requisitos que hacen al estado sanitario de las personas. Por ejemplo, el Ministerio debe tener el listado de los enfermeros, kinesiólogos, médicos responsables y de todos los profesionales que trabajen allí, para su correspondiente verificación.
Además, Berta señaló: “El médico responsable en el geriátrico está en infracción cuando trabaja en un establecimiento que no está habilitado y, en efecto, estaría corriendo riesgo su matrícula. El médico es responsable por todo el trabajo que se haga en la entidad. Si no tiene la habilitación se agrava la responsabilidad de él y si llega a haber un fallecido, se complica aún más”.
Teniendo en cuenta la profundidad de la problemática, el funcionario señaló que para que estos geriátricos irregulares funcionen, también tiene que haber una suerte de complicidad de parte de los familiares que llevan a los adultos mayores a un lugar que no está habilitado: “A raíz de esto, desde el Ministerio de Salud instrumentamos un ingreso rápido a través de la página web www.entrerios.gov.ar/msalud donde, en la sección Habilitaciones, se informa cuáles son los establecimientos habilitados. Por ahora son muy pocos los geriátricos regularizados”.
Seguidamente, el profesional advirtió: “Que un lugar de ésta índole no esté habilitado significa gastar menos plata en el anciano: ese es el negocio. Por eso tenemos en claro que, en caso de que el establecimiento no esté regularizado y producto de la participación del Estado provincial se llegue a su clausura, el hecho de retirar a los abuelos del lugar implica que se termina cayendo el negocio. Para el Ministerio de Salud la geriatría no es un negocio; sin embargo, para los privados sí la posibilidad de ofrecer un servicio de estas características, siempre que se atengan a cumplir con las leyes vigentes”.
“De hecho, nos encontramos con instituciones que muestran actitud de querer allanarse a las reglamentaciones vigentes y a ellos les vamos a brindar todo el aporte institucional que requieran. Pero, en otros casos, no hay ninguna posibilidad de que estén en regla porque ni siquiera el edificio reúne las condiciones y, además, porque su dueño no está interesado en regularizarlo. Así es que en el recorrido nos vamos encontrando con situaciones variadas. Está claro que, funcionando de un modo irregular, esto se transforma en un negocio marginal, clandestino e ilegal. El paso a seguir ante cada clausura de parte del Estado provincial, en consecuencia, es que los abuelos terminen reubicados en lugares donde puedan llevar a cabo una vida digna”, dijo.
En cuanto a las responsabilidades de los dueños de estos lugares irregulares, Berta aseguró que, “detectada la infracción, el Estado va a denunciar a los propietarios de los geriátricos debido a que hay muchas responsabilidades que rondan en torno a esta actividad. Por ejemplo, están las responsabilidades penales, si es que se da algún supuesto hecho irregular, pero también están las patrimoniales, respecto de cada una de las personas; y las disciplinarias, que pueden llegar a caerle a los responsables médicos o a las enfermeras que trabajen en lugares clandestinos”.
“Por caso, en el entrecruzamiento de la información con los municipios, hemos detectado que mucha de la gente que está vinculada con estos establecimientos también son empleados de la provincia o trabajadores municipales”, explicó Berta.
En este marco, se realizó una reunión con referentes de los municipios, con representantes del Ministerio de Desarrollo Social y con la Secretaría de Trabajo provincial, para avanzar en un trabajo conjunto en cuanto a llevar adelante los procedimientos de verificación de las condiciones edilicias y sanitarias de los lugares.
Finalmente, el funcionario hizo hincapié en que el objetivo principal del Ministerio de Salud es que “la gente que quiera vivir de la geriatría lo tome como un trabajo o como un servicio y lo haga de manera responsable. Y que el médico del establecimiento haga su trabajo como profesional. Evidentemente, el tema de los geriátricos denominados 'truchos' es un negocio que, sin los abuelos, se desploma”.
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