Desde las 9:30 horas de este martes se desarrollaron en el recinto de la Cámara de Senadores las audiencias públicas correspondientes al proceso de selección para cubrir ocho cargos de jueces de distintas jurisdicciones de la provincia. Los postulantes se presentaron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, conforme lo establece la Constitución provincial y el reglamento del cuerpo. A requerimiento de los senadores que integran la comisión, los postulantes expusieron sus motivaciones para aspirar a los cargos, la forma en que eventualmente desarrollarán su función y los criterios ante temas trascendentes. También se refirieron a sus planes de trabajo, exhibieron sus situaciones fiscales y patrimoniales y respondieron acerca de sus valores éticos y sobre las medidas que propondrían en caso de asumir.
Participaron en el desarrollo de las audiencias públicas, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), y los senadores Angel Giano (PJ-Concordia), Nancy Miranda (PJ-Federal) y Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná). También estuvo la senadora Miriam Espinoza (PJ-Feliciano) y en un tramo de la actividad se hizo presente el senador Aldo Ballestena (PJ-La Paz).
El primero en presentarse fue Tobías José Podestá, candidato a juez de Garantías y Transición Nº 1 de Gualeguaychú. El postulante es oriundo de Concepción del Uruguay y abogado egresado en 1998 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En Capital Federal desarrolló su actividad laboral.
“Hace 23 años trabajo en el Poder Judicial”, manifestó el postulante. Consultado sobre la aplicación del Impuesto a las Ganancias para los magistrados, dijo que “no tiene que haber privilegio respecto del resto de la ciudadanía”. En relación a los motivos de su participación en el concurso, mencionó su desarrollo profesional y el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, como también el hecho de afincarse en la ciudad con su familia.
Consultado por el senador Larrarte sobre el instituto del juicio abreviado, opinó que permite dar respuestas y que es válido con el consentimiento de la víctima. En cuanto al juicio por jurado, manifestó estar totalmente a favor, por transparencia y efecto pacificador. Ante la pregunta del senador Kisser sobre el ejercicio de la profesión de abogado, Podestá respondió: “No he pateado la calle, pero generé oficio trabajando en fiscalías y defensorías”. También manifestó que daría prioridad al juzgado por sobre el dictado de clases en la UBA.
Por último, el senador Giano lo consultó sobre casos de resonancia pública, en cuanto a la relación del Poder Judicial y la comunidad, a lo cual el candidato señaló: “Con las audiencias se puede conocer de primera mano la información y es importante que haya publicidad de las audiencias, a la vez que hay que comunicar a través de la prensa especializada”.
El segundo postulante fue Esteban Sebastián Elal, candidato a titular del Juzgado de Garantías y Transición Nº 2 de Gualeguay. Nació en Altamirano Sud, en la provincia de Entre Ríos, es abogado egresado en 1999 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y es especialista en Derecho Penal. Ingresó al Poder Judicial entrerriano en 2007 y ha trabajado en distintos departamentos de la provincia.
Sobre el descuento del Impuesto a las Ganancias a magistrados, se manifestó de acuerdo, y aclaró que los asalariados no deberían pagar este impuesto. Sus motivos para concursar se relacionan con la vocación de servicio y con el arraigo de su familia en la ciudad. En relación al juicio abreviado, entendió que es una herramienta esencial para el proceso penal y que la víctima tiene que estar de acuerdo. En cuanto al juicio por jurado, puso énfasis en que hay que ver la utilidad del instituto en la provincia y resaltó que el sistema ha mejorado muchísimo.
Consultado por el presidente de la Comisión sobre la relación del juez y los medios de comunicación, Elal comentó que le ha tocado intervenir en casos resonantes como Pastorizzo, Escobar Gaviria o Micaela García, y la prensa ha asistido a las audiencias. “Hace a la transparencia y cuando uno le explica a la sociedad hace a la legitimidad de nuestras decisiones”, señaló.
El senador Kisser lo consultó sobre el caso Benvenutto, aún no resuelto, y el letrado sostuvo que “en todos los casos en que no se dan respuestas, se está en deuda con la sociedad”.
Más adelante fue el turno de Ignacio Boris Nicolás Telenta, candidato a cubrir el cargo de juez de Garantías y Transición Nº 2 de la ciudad de Gualeguaychú. Oriundo de Gualeguay, es abogado egresado de la UBA en 2005, con una Especialización para la Magistratura cursada en la Universidad Católica Argentina (UCA) en 2014.
El postulante destacó que siempre se dedicó a la carrera judicial y dio detalles a los legisladores sobre su situación patrimonial y fiscal. Consultado sobre los motivos que lo llevaron a concursar por este cargo judicial, Telenta dijo que “es tratar de contribuir a la sociedad entrerriana aportando mis conocimientos técnicos y progresar en una carrera que inicié hace muchos años”.
Sobre su postura respecto a la relación con los medios de prensa ante casos de interés público, destacó que todas las acciones que desarrolla el juez son públicas, por lo que a través de los medios se puede mostrar el accionar del magistrado. Recordó que el Poder Judicial ha puesto en funcionamiento una oficina para dar respuestas a los requerimientos de los medios de prensa.
Otro tema fue el del juicio abreviado. “Es un instituto que tal vez no es bien visto, pero es fundamental para que el sistema acusatorio funcione en respuesta a lo que la sociedad demanda”, indicó y reveló que estaba en conocimiento de los proyectos que sobre el tema se tramitan en la Legislatura.
Sobre el tratamiento de los delitos contra la integridad sexual, el letrado dijo que “es mejor que decida la víctima, si está con las fortalezas o no para afrontar un juicio ordinario”, opinó frente a los senadores.
En cuanto a los casos de corrupción, dijo que es necesario que el Ministerio Público Fiscal deje en claro cuáles son los motivos para dejar de lado este instituto. Además, tiene opinión favorable sobre la puesta en funcionamiento del juicio por jurado, trayendo al recinto lo establecido sobre el tema a través de tribunales internacionales.
Larrarte le preguntó si ha sido denunciado o está investigado penalmente. “Fui denunciado en el marco del caso Benvenuto”, informó Telenta, brindando detalles sobre los fundamentos de su accionar. Detalló que estaba actuando como fiscal y fue convocado por quien llevó adelante la investigación. Se retiró y posteriormente, por gestión del procurador, se ocupó del tema hasta que fue derivado al fuero federal. La denuncia que hubo en su contra se archivó y después fue nuevamente rechazada por una magistrada.
Le preguntaron si consideró un error haber firmado la autorización de allanamientos que fueron cuestionados. Dijo que “no” y mencionó que había indicios para llevar adelante la acción. Había una serie de posiciones expresadas por la jueza de Garantías actuante. Dijo además que hubo un error por parte de técnicos de la policía provincial, en el marco de la búsqueda de una persona, que requiere urgencia y hace que se confíe en operadores que aportan su trabajo para la toma de decisiones. “Había indicios más que suficientes”, aseguró y dijo desconocer si se había hecho algún sumario en relación a la actuación de los técnicos de la policía.
A las 11.40, siguió la audiencia de Maximiliano Otto Larocca Rees, candidato al cargo de juez de Garantías de la ciudad de Federal. Es oriundo de Paraná, abogado, egresado de la UNL en 1998 y especialista en Derecho Procesal Penal de la misma casa de estudios.
El entrevistado se presentó y mencionó que compartió estudio jurídico con su padre ejerciendo su actividad laboral particular durante 10 años. Detalló los pasos que dio para ingresar en la Justicia provincial y agregó antecedentes curriculares. Como quienes lo antecedieron, dio detalles de su patrimonio y su situación fiscal.
Dijo que “es importante que el funcionario judicial viva en la ciudad donde ejerce su cargo”. Se le pidió opinión sobre el posible pago del Impuesto a las Ganancias y expuso: “Si se trata de una cuestión de igualdad, no tengo problemas en pagar”. Se refirió puntualmente a su accionar en la ciudad de Chajarí y reflexionó sobre el compromiso en el ejercicio de los cargos judiciales, junto a lo que piensa debe ser el juez de Garantías.
También le pidieron su postura en relación a la posible aplicación del juicio por jurados. “El proyecto es impecable”, dijo, en relación al texto impulsado en Entre Ríos desde el Colegio de Abogados.
En cuanto a la lucha contra el narcomenudeo dijo que “es sumamente positivo y hay que mejorarlo en algunos aspectos”. Explicó que visto desde Chajarí o Federal tiene que tenerse en cuenta que un juzgado que está a 300 kilómetros no va a investigar de la mejor manera. Opinó que el funcionario que investiga tiene que estar ahí y expresó que es necesaria la incorporación de recursos humanos.
“No hay narcotráfico si no hay narcomenudeo, y viceversa”, agregó, porque “es un flagelo que trae aparejado otros problemas”. Recordó las posturas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al tema de la droga. Destacó también la mejora sensible al aplicar en Entre Ríos el sistema acusatorio.
Luego se realizó la audiencia de Walter Daniel Carballo, propuesto a juez de Garantías y Transición de la ciudad de La Paz. Nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, este abogado es egresado de la UNL en 2000 y además es martillero público (STJ) y mediador (Colegio de Abogados de Entre Ríos).
Luego de la lectura de sus antecedentes personales y curriculares, Carballo mencionó que además ha trabajado en la elaboración e implementación del Código Procesal Penal en cuatro etapas. Señaló que siempre ejerció cada cargo con mucho compromiso y que ve al Estado como una unidad, no como compartimentos estancos. “Al ser secretario de Justicia también siempre me ocupé y tuve una visión de la situación de la situación de las cárceles”, indicó. “Igualmente cuando estuve a cargo de la oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, siempre he trabajado del lado de la víctima, y me faltaba este estamento judicial”, añadió.
En otro orden, consultado en referencia al Impuesto a las Ganancias, dijo que “no se debe gravar el trabajo, por lo que no deben pagar no sólo los jueces, sino ningún trabajador. No es correcto” aseveró.
En cuanto a los motivos de su participación en el concurso, señaló que su experiencia como juez de Garantías ha sido muy enriquecedora. “Soy un apasionado del Derecho Penal y siempre trato de proponer cosas nuevas para mejorarlo”, dijo.
Del juicio abreviado dijo que si bien ha sido una herramienta que permitió descomprimir muchas causas, al acelerarse las condenas hubo un impacto de aumento en la población carcelaria, con lo que poco se pudo hacer por la resocialización en ellas, y por el contrario se debe acrecentar el círculo virtuoso.
En el juicio abreviado hay que “escuchar y explicar bien al imputado (las formas y consecuencias); y por otro lado también existe un derecho de las víctimas a ser escuchadas, y esta parte hay que trabajarla mejor”. Sintetizó que en casos de abusos “puede ser una herramienta útil si se la trabaja bien”, y en el caso de delitos de corrupción “creo que si estamos hablando del Estado, el hecho que esos delitos se ventilen públicamente es bueno, al tiempo que se le den también al imputado los medios de defensa”.
Por último, Kisser preguntó: “¿Qué se podría hacer desde el Estado, para que esta sociedad violenta se pacifique un poco?”. Carballo respondió: “Creo que no logramos dar respuestas a la problemática de la droga y esto es el motor del delito, comenzando con la violencia de género y de casi todos”. Y dijo que “coadyuvamos entre todos a resolver esta problemática, pero no atendemos con la dimensión de la problemática que acontece”.
Tras un cuarto intermedio de 10 minutos, a las 13.24, se inició la audiencia de Gustavo Ariel Díaz, postulante para el cargo de juez de Garantías y Transición Nº 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay. Nacido en Paraná, Entre Ríos, es abogado egresado de UNL en 2001, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y magister en Finanzas Públicas de Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).
Como es de forma, se dieron a conocer los antecedentes que motivan la audiencia, destacando la normativa legal que la rige. Se indicó que no hubo impugnaciones y se dio lectura a los antecedentes. El letrado pasó por el concurso 176 del Consejo de la Magistratura y posteriormente fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de juez en Concepción del Uruguay. En la actualidad se desempeña en la ciudad de Chajarí.
Desde la comisión se lo invitó a presentarse y brindó algunas precisiones sobre su curriculum, recordando que ejerció la profesión de modo particular y fue empleado de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) y también de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Como quienes lo precedieron, dio a conocer la composición de su patrimonio, encontrándose al día en relación al fisco provincial, no estando inscripto en Bienes Personales.
Le preguntaron sobre su postura en relación al pago del Impuesto a las Ganancias. “No deberían estar exentos los ingresos de los magistrados”, comentó, opinando que es justo que un magistrado esté en igualdad con otros trabajadores.
Le consultaron si conoce el tribunal para el que ha sido propuesto y afirmó que es suficiente el cuerpo de trabajadores con el que cuenta, y que además se encuentra trabajando correctamente.
Sobre la relación del magistrado y la prensa dijo que es de suma importancia el contacto porque tiene que ver con llegar de ese modo a la comunidad, y resaltó que las audiencias son públicas. “El juez debe manejarse con prudencia, a modo de no dar juicios de valor sobre el proceso”, acotó. “Se debe tender a la objetividad”, opinó.
Le consultaron sobre la aplicación de la denominada ley de narcomenudeo y dijo que tiene una visión positiva, ampliando que debe encararse la lucha contra el flagelo no solo desde la aplicación de la normativa penal. “Es acertado trabajar el tema para acabar con toda la cadena de la droga”, reflexionó. No dejó de mencionar que se hace con los mismos recursos que antes de la sanción de la norma.
Sobre el perfil que debe tener el juez de Garantías, sostuvo que “la labor del juez no es pasiva en la tramitación del proceso, es muy activo dentro de sus atribuciones, con todas las herramientas a su cargo”.
Díaz fue consultado sobre su motivación para concursar por este cargo, sobre todo teniendo en cuenta su actuación en el derecho administrativo. “La materia constitucional es una de las que más me agrada”, expresó y puntualizó que se siente capacitado para asumir el desafío de la magistratura. “Me he preparado y me preparo cotidianamente”, dijo.
Volviendo sobre el tema narcomenudeo, dijo que el tema droga cruza de alguna manera todos los delitos. “Es un motorizador de otras conductas, como por ejemplo los robos contra la propiedad. Potencia la violencia en una gama de delitos”, reveló.
“No debe ser atacado, el flagelo, solo desde el derecho penal, sino que tiene que hacerse un abordaje integral”, opinó, a la hora de analizar el rol del Estado en la búsqueda de terminar con el grave problema. “Las cuestiones educativas tienen que iniciarse desde muy baja edad y se verán las mejoras en el largo plazo. Una ley sola no puede resolver una tema multicausal”, agregó.
Después fue el turno de Sergio Rubén Adalberto Rondoni Caffa, propuesto al cargo de juez de Garantías de la ciudad de Federación. Nacido en Concepción del Uruguay, es abogado egresado de la UNL en 2004 y especialista en Administración de Justicia de la UBA.
Cerca de las 14, comenzó la audiencia del Rondoni Caffa. Leídos los antecedentes el letrado, que se desempeñó en la justicia de Santa Cruz, se explicó que no hubo impugnaciones y le comentaron los alcances de la audiencia. Agregó que es docente y detalló cuáles son sus bienes, como así también su situación fiscal, encontrándose al día. Adelantó que se trasladará a vivir al lugar donde deba ejercer su cargo, porque considera que esto debe ser así.
Sobre el Impuesto a las Ganancias, que obliga a quienes ingresen a la justicia a comenzar a pagar, el letrado dijo que “hay una ley especial y considero que deben pagar todos o no debe pagar nadie”. Dijo que en lo personal piensa que no debería ser pagado por el asalariado.
Reveló que ha tomado información sobre el lugar donde debería desempeñarse en caso de recibir el acuerdo del Senado. Dijo que es un juzgado que está al día. El personal está muy bien preparado y señaló que es un espacio pequeño, lo que hace incomodo la realización de algunas audiencias. “Habría que ver un nuevo lugar si es posible, mucho mas acorde”, estimó.
Sostuvo que la ley de narcomenudeo es importante para actuar contra un flagelo que lastima la sociedad. “Ya había un trabajo de la policía entrerriana junto a la Justicia Federal”, recordó y aseguró que hay que preocuparse para que la persona que consume sea ayudada para salir de un circulo vicioso. Recordó, como otros de sus colegas, las posturas de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre la aplicación del juicio abreviado, dijo que conoce los proyectos en discusión sobre el tema y explicó su postura en torno a los mecanismos, remarcando la necesidad de proteger a la víctima. Se mostró a favor de la figura del abogado del niño. Fuente: Prensa Senado.
Participaron en el desarrollo de las audiencias públicas, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), y los senadores Angel Giano (PJ-Concordia), Nancy Miranda (PJ-Federal) y Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná). También estuvo la senadora Miriam Espinoza (PJ-Feliciano) y en un tramo de la actividad se hizo presente el senador Aldo Ballestena (PJ-La Paz).
El primero en presentarse fue Tobías José Podestá, candidato a juez de Garantías y Transición Nº 1 de Gualeguaychú. El postulante es oriundo de Concepción del Uruguay y abogado egresado en 1998 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En Capital Federal desarrolló su actividad laboral.
“Hace 23 años trabajo en el Poder Judicial”, manifestó el postulante. Consultado sobre la aplicación del Impuesto a las Ganancias para los magistrados, dijo que “no tiene que haber privilegio respecto del resto de la ciudadanía”. En relación a los motivos de su participación en el concurso, mencionó su desarrollo profesional y el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, como también el hecho de afincarse en la ciudad con su familia.
Consultado por el senador Larrarte sobre el instituto del juicio abreviado, opinó que permite dar respuestas y que es válido con el consentimiento de la víctima. En cuanto al juicio por jurado, manifestó estar totalmente a favor, por transparencia y efecto pacificador. Ante la pregunta del senador Kisser sobre el ejercicio de la profesión de abogado, Podestá respondió: “No he pateado la calle, pero generé oficio trabajando en fiscalías y defensorías”. También manifestó que daría prioridad al juzgado por sobre el dictado de clases en la UBA.
Por último, el senador Giano lo consultó sobre casos de resonancia pública, en cuanto a la relación del Poder Judicial y la comunidad, a lo cual el candidato señaló: “Con las audiencias se puede conocer de primera mano la información y es importante que haya publicidad de las audiencias, a la vez que hay que comunicar a través de la prensa especializada”.
El segundo postulante fue Esteban Sebastián Elal, candidato a titular del Juzgado de Garantías y Transición Nº 2 de Gualeguay. Nació en Altamirano Sud, en la provincia de Entre Ríos, es abogado egresado en 1999 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y es especialista en Derecho Penal. Ingresó al Poder Judicial entrerriano en 2007 y ha trabajado en distintos departamentos de la provincia.
Sobre el descuento del Impuesto a las Ganancias a magistrados, se manifestó de acuerdo, y aclaró que los asalariados no deberían pagar este impuesto. Sus motivos para concursar se relacionan con la vocación de servicio y con el arraigo de su familia en la ciudad. En relación al juicio abreviado, entendió que es una herramienta esencial para el proceso penal y que la víctima tiene que estar de acuerdo. En cuanto al juicio por jurado, puso énfasis en que hay que ver la utilidad del instituto en la provincia y resaltó que el sistema ha mejorado muchísimo.
Consultado por el presidente de la Comisión sobre la relación del juez y los medios de comunicación, Elal comentó que le ha tocado intervenir en casos resonantes como Pastorizzo, Escobar Gaviria o Micaela García, y la prensa ha asistido a las audiencias. “Hace a la transparencia y cuando uno le explica a la sociedad hace a la legitimidad de nuestras decisiones”, señaló.
El senador Kisser lo consultó sobre el caso Benvenutto, aún no resuelto, y el letrado sostuvo que “en todos los casos en que no se dan respuestas, se está en deuda con la sociedad”.
Más adelante fue el turno de Ignacio Boris Nicolás Telenta, candidato a cubrir el cargo de juez de Garantías y Transición Nº 2 de la ciudad de Gualeguaychú. Oriundo de Gualeguay, es abogado egresado de la UBA en 2005, con una Especialización para la Magistratura cursada en la Universidad Católica Argentina (UCA) en 2014.
El postulante destacó que siempre se dedicó a la carrera judicial y dio detalles a los legisladores sobre su situación patrimonial y fiscal. Consultado sobre los motivos que lo llevaron a concursar por este cargo judicial, Telenta dijo que “es tratar de contribuir a la sociedad entrerriana aportando mis conocimientos técnicos y progresar en una carrera que inicié hace muchos años”.
Sobre su postura respecto a la relación con los medios de prensa ante casos de interés público, destacó que todas las acciones que desarrolla el juez son públicas, por lo que a través de los medios se puede mostrar el accionar del magistrado. Recordó que el Poder Judicial ha puesto en funcionamiento una oficina para dar respuestas a los requerimientos de los medios de prensa.
Otro tema fue el del juicio abreviado. “Es un instituto que tal vez no es bien visto, pero es fundamental para que el sistema acusatorio funcione en respuesta a lo que la sociedad demanda”, indicó y reveló que estaba en conocimiento de los proyectos que sobre el tema se tramitan en la Legislatura.
Sobre el tratamiento de los delitos contra la integridad sexual, el letrado dijo que “es mejor que decida la víctima, si está con las fortalezas o no para afrontar un juicio ordinario”, opinó frente a los senadores.
En cuanto a los casos de corrupción, dijo que es necesario que el Ministerio Público Fiscal deje en claro cuáles son los motivos para dejar de lado este instituto. Además, tiene opinión favorable sobre la puesta en funcionamiento del juicio por jurado, trayendo al recinto lo establecido sobre el tema a través de tribunales internacionales.
Larrarte le preguntó si ha sido denunciado o está investigado penalmente. “Fui denunciado en el marco del caso Benvenuto”, informó Telenta, brindando detalles sobre los fundamentos de su accionar. Detalló que estaba actuando como fiscal y fue convocado por quien llevó adelante la investigación. Se retiró y posteriormente, por gestión del procurador, se ocupó del tema hasta que fue derivado al fuero federal. La denuncia que hubo en su contra se archivó y después fue nuevamente rechazada por una magistrada.
Le preguntaron si consideró un error haber firmado la autorización de allanamientos que fueron cuestionados. Dijo que “no” y mencionó que había indicios para llevar adelante la acción. Había una serie de posiciones expresadas por la jueza de Garantías actuante. Dijo además que hubo un error por parte de técnicos de la policía provincial, en el marco de la búsqueda de una persona, que requiere urgencia y hace que se confíe en operadores que aportan su trabajo para la toma de decisiones. “Había indicios más que suficientes”, aseguró y dijo desconocer si se había hecho algún sumario en relación a la actuación de los técnicos de la policía.
A las 11.40, siguió la audiencia de Maximiliano Otto Larocca Rees, candidato al cargo de juez de Garantías de la ciudad de Federal. Es oriundo de Paraná, abogado, egresado de la UNL en 1998 y especialista en Derecho Procesal Penal de la misma casa de estudios.
El entrevistado se presentó y mencionó que compartió estudio jurídico con su padre ejerciendo su actividad laboral particular durante 10 años. Detalló los pasos que dio para ingresar en la Justicia provincial y agregó antecedentes curriculares. Como quienes lo antecedieron, dio detalles de su patrimonio y su situación fiscal.
Dijo que “es importante que el funcionario judicial viva en la ciudad donde ejerce su cargo”. Se le pidió opinión sobre el posible pago del Impuesto a las Ganancias y expuso: “Si se trata de una cuestión de igualdad, no tengo problemas en pagar”. Se refirió puntualmente a su accionar en la ciudad de Chajarí y reflexionó sobre el compromiso en el ejercicio de los cargos judiciales, junto a lo que piensa debe ser el juez de Garantías.
También le pidieron su postura en relación a la posible aplicación del juicio por jurados. “El proyecto es impecable”, dijo, en relación al texto impulsado en Entre Ríos desde el Colegio de Abogados.
En cuanto a la lucha contra el narcomenudeo dijo que “es sumamente positivo y hay que mejorarlo en algunos aspectos”. Explicó que visto desde Chajarí o Federal tiene que tenerse en cuenta que un juzgado que está a 300 kilómetros no va a investigar de la mejor manera. Opinó que el funcionario que investiga tiene que estar ahí y expresó que es necesaria la incorporación de recursos humanos.
“No hay narcotráfico si no hay narcomenudeo, y viceversa”, agregó, porque “es un flagelo que trae aparejado otros problemas”. Recordó las posturas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al tema de la droga. Destacó también la mejora sensible al aplicar en Entre Ríos el sistema acusatorio.
Luego se realizó la audiencia de Walter Daniel Carballo, propuesto a juez de Garantías y Transición de la ciudad de La Paz. Nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, este abogado es egresado de la UNL en 2000 y además es martillero público (STJ) y mediador (Colegio de Abogados de Entre Ríos).
Luego de la lectura de sus antecedentes personales y curriculares, Carballo mencionó que además ha trabajado en la elaboración e implementación del Código Procesal Penal en cuatro etapas. Señaló que siempre ejerció cada cargo con mucho compromiso y que ve al Estado como una unidad, no como compartimentos estancos. “Al ser secretario de Justicia también siempre me ocupé y tuve una visión de la situación de la situación de las cárceles”, indicó. “Igualmente cuando estuve a cargo de la oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, siempre he trabajado del lado de la víctima, y me faltaba este estamento judicial”, añadió.
En otro orden, consultado en referencia al Impuesto a las Ganancias, dijo que “no se debe gravar el trabajo, por lo que no deben pagar no sólo los jueces, sino ningún trabajador. No es correcto” aseveró.
En cuanto a los motivos de su participación en el concurso, señaló que su experiencia como juez de Garantías ha sido muy enriquecedora. “Soy un apasionado del Derecho Penal y siempre trato de proponer cosas nuevas para mejorarlo”, dijo.
Del juicio abreviado dijo que si bien ha sido una herramienta que permitió descomprimir muchas causas, al acelerarse las condenas hubo un impacto de aumento en la población carcelaria, con lo que poco se pudo hacer por la resocialización en ellas, y por el contrario se debe acrecentar el círculo virtuoso.
En el juicio abreviado hay que “escuchar y explicar bien al imputado (las formas y consecuencias); y por otro lado también existe un derecho de las víctimas a ser escuchadas, y esta parte hay que trabajarla mejor”. Sintetizó que en casos de abusos “puede ser una herramienta útil si se la trabaja bien”, y en el caso de delitos de corrupción “creo que si estamos hablando del Estado, el hecho que esos delitos se ventilen públicamente es bueno, al tiempo que se le den también al imputado los medios de defensa”.
Por último, Kisser preguntó: “¿Qué se podría hacer desde el Estado, para que esta sociedad violenta se pacifique un poco?”. Carballo respondió: “Creo que no logramos dar respuestas a la problemática de la droga y esto es el motor del delito, comenzando con la violencia de género y de casi todos”. Y dijo que “coadyuvamos entre todos a resolver esta problemática, pero no atendemos con la dimensión de la problemática que acontece”.
Tras un cuarto intermedio de 10 minutos, a las 13.24, se inició la audiencia de Gustavo Ariel Díaz, postulante para el cargo de juez de Garantías y Transición Nº 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay. Nacido en Paraná, Entre Ríos, es abogado egresado de UNL en 2001, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y magister en Finanzas Públicas de Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).
Como es de forma, se dieron a conocer los antecedentes que motivan la audiencia, destacando la normativa legal que la rige. Se indicó que no hubo impugnaciones y se dio lectura a los antecedentes. El letrado pasó por el concurso 176 del Consejo de la Magistratura y posteriormente fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de juez en Concepción del Uruguay. En la actualidad se desempeña en la ciudad de Chajarí.
Desde la comisión se lo invitó a presentarse y brindó algunas precisiones sobre su curriculum, recordando que ejerció la profesión de modo particular y fue empleado de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) y también de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Como quienes lo precedieron, dio a conocer la composición de su patrimonio, encontrándose al día en relación al fisco provincial, no estando inscripto en Bienes Personales.
Le preguntaron sobre su postura en relación al pago del Impuesto a las Ganancias. “No deberían estar exentos los ingresos de los magistrados”, comentó, opinando que es justo que un magistrado esté en igualdad con otros trabajadores.
Le consultaron si conoce el tribunal para el que ha sido propuesto y afirmó que es suficiente el cuerpo de trabajadores con el que cuenta, y que además se encuentra trabajando correctamente.
Sobre la relación del magistrado y la prensa dijo que es de suma importancia el contacto porque tiene que ver con llegar de ese modo a la comunidad, y resaltó que las audiencias son públicas. “El juez debe manejarse con prudencia, a modo de no dar juicios de valor sobre el proceso”, acotó. “Se debe tender a la objetividad”, opinó.
Le consultaron sobre la aplicación de la denominada ley de narcomenudeo y dijo que tiene una visión positiva, ampliando que debe encararse la lucha contra el flagelo no solo desde la aplicación de la normativa penal. “Es acertado trabajar el tema para acabar con toda la cadena de la droga”, reflexionó. No dejó de mencionar que se hace con los mismos recursos que antes de la sanción de la norma.
Sobre el perfil que debe tener el juez de Garantías, sostuvo que “la labor del juez no es pasiva en la tramitación del proceso, es muy activo dentro de sus atribuciones, con todas las herramientas a su cargo”.
Díaz fue consultado sobre su motivación para concursar por este cargo, sobre todo teniendo en cuenta su actuación en el derecho administrativo. “La materia constitucional es una de las que más me agrada”, expresó y puntualizó que se siente capacitado para asumir el desafío de la magistratura. “Me he preparado y me preparo cotidianamente”, dijo.
Volviendo sobre el tema narcomenudeo, dijo que el tema droga cruza de alguna manera todos los delitos. “Es un motorizador de otras conductas, como por ejemplo los robos contra la propiedad. Potencia la violencia en una gama de delitos”, reveló.
“No debe ser atacado, el flagelo, solo desde el derecho penal, sino que tiene que hacerse un abordaje integral”, opinó, a la hora de analizar el rol del Estado en la búsqueda de terminar con el grave problema. “Las cuestiones educativas tienen que iniciarse desde muy baja edad y se verán las mejoras en el largo plazo. Una ley sola no puede resolver una tema multicausal”, agregó.
Después fue el turno de Sergio Rubén Adalberto Rondoni Caffa, propuesto al cargo de juez de Garantías de la ciudad de Federación. Nacido en Concepción del Uruguay, es abogado egresado de la UNL en 2004 y especialista en Administración de Justicia de la UBA.
Cerca de las 14, comenzó la audiencia del Rondoni Caffa. Leídos los antecedentes el letrado, que se desempeñó en la justicia de Santa Cruz, se explicó que no hubo impugnaciones y le comentaron los alcances de la audiencia. Agregó que es docente y detalló cuáles son sus bienes, como así también su situación fiscal, encontrándose al día. Adelantó que se trasladará a vivir al lugar donde deba ejercer su cargo, porque considera que esto debe ser así.
Sobre el Impuesto a las Ganancias, que obliga a quienes ingresen a la justicia a comenzar a pagar, el letrado dijo que “hay una ley especial y considero que deben pagar todos o no debe pagar nadie”. Dijo que en lo personal piensa que no debería ser pagado por el asalariado.
Reveló que ha tomado información sobre el lugar donde debería desempeñarse en caso de recibir el acuerdo del Senado. Dijo que es un juzgado que está al día. El personal está muy bien preparado y señaló que es un espacio pequeño, lo que hace incomodo la realización de algunas audiencias. “Habría que ver un nuevo lugar si es posible, mucho mas acorde”, estimó.
Sostuvo que la ley de narcomenudeo es importante para actuar contra un flagelo que lastima la sociedad. “Ya había un trabajo de la policía entrerriana junto a la Justicia Federal”, recordó y aseguró que hay que preocuparse para que la persona que consume sea ayudada para salir de un circulo vicioso. Recordó, como otros de sus colegas, las posturas de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre la aplicación del juicio abreviado, dijo que conoce los proyectos en discusión sobre el tema y explicó su postura en torno a los mecanismos, remarcando la necesidad de proteger a la víctima. Se mostró a favor de la figura del abogado del niño. Fuente: Prensa Senado.
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