Distintas organizaciones y municipios de Entre Ríos fueron beneficiados recientemente con la aprobación de sus iniciativas para desarrollar acciones en vistas a la inclusión de las personas con discapacidad. Se trata del programa conocido como Ley de Cheques, una línea de financiamiento nacional para la inclusión de personas con discapacidad que en la provincia es instrumentada por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) a través de la difusión, el acompañamiento y la ayuda técnica a los interesados.
Las entidades formularon oportunamente diferentes proyectos, enmarcados en cada una de las líneas de financiamiento. En lo que va del año ya son cuatro los municipios beneficiados tras la aprobación de sus iniciativas, y a ellos se suma una organización de la sociedad civil que pronto verá concretada su propuesta. Se trata de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, que recibirá un subsidio para la adquisición de un transporte institucional valuado en 925.000 pesos.
La Municipalidad de Federación, por su parte, será acreedora de un subsidio para Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas por 112.000 pesos, mientras que la Municipalidad de Concepción del Uruguay recibirá un subsidio para Accesibilidad Urbana que asciende a 699.000 pesos.
A ellas se suma la Municipalidad de Victoria, que resultó beneficiaria de un subsidio para la adquisición de un Vehículo 4x4 con 611.000 pesos, en tanto que la Municipalidad de Cerrito recibirá 189.000 pesos para la compra de Equipamiento y Accesibilidad de Biblioteca.
“Desde el gobierno provincial venimos trabajando para potenciar el vínculo con los municipios y las organizaciones de la sociedad. Esta labor conjunta tiene como principales beneficiarias a las personas con discapacidad, propiciando su inclusión en diversos ámbitos. El objetivo de nuestra gestión, como lo ha señalado el gobernador Gustavo Bordet, es profundizar la construcción de una provincia inclusiva donde se garantice una amplia cobertura de derechos”, señaló en este sentido la directora del Iprodi, Cristina Ponce.
La iniciativa conocida como “Ley de Cheques” surge tras la aprobación de la Ley 25.730, que establece sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. Los fondos obtenidos por la aplicación de esta ley son destinados a la instrumentación de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 153/96.
Las entidades formularon oportunamente diferentes proyectos, enmarcados en cada una de las líneas de financiamiento. En lo que va del año ya son cuatro los municipios beneficiados tras la aprobación de sus iniciativas, y a ellos se suma una organización de la sociedad civil que pronto verá concretada su propuesta. Se trata de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, que recibirá un subsidio para la adquisición de un transporte institucional valuado en 925.000 pesos.
La Municipalidad de Federación, por su parte, será acreedora de un subsidio para Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas por 112.000 pesos, mientras que la Municipalidad de Concepción del Uruguay recibirá un subsidio para Accesibilidad Urbana que asciende a 699.000 pesos.
A ellas se suma la Municipalidad de Victoria, que resultó beneficiaria de un subsidio para la adquisición de un Vehículo 4x4 con 611.000 pesos, en tanto que la Municipalidad de Cerrito recibirá 189.000 pesos para la compra de Equipamiento y Accesibilidad de Biblioteca.
“Desde el gobierno provincial venimos trabajando para potenciar el vínculo con los municipios y las organizaciones de la sociedad. Esta labor conjunta tiene como principales beneficiarias a las personas con discapacidad, propiciando su inclusión en diversos ámbitos. El objetivo de nuestra gestión, como lo ha señalado el gobernador Gustavo Bordet, es profundizar la construcción de una provincia inclusiva donde se garantice una amplia cobertura de derechos”, señaló en este sentido la directora del Iprodi, Cristina Ponce.
La iniciativa conocida como “Ley de Cheques” surge tras la aprobación de la Ley 25.730, que establece sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. Los fondos obtenidos por la aplicación de esta ley son destinados a la instrumentación de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 153/96.
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