La justicia abrió una investigación para determinar si se cometieron irregularidades en la concesión de los servicios ferroviarios conocidos como "El Gran Capitán" y el "Tren de los Pueblos Libres".
Las novedades en el ámbito judicial se producen a una velocidad supersónica para Sergio Urribarri y desde su entorno aseguran que está “preocupado” y “deprimido”. Como sea, el ex gobernador ha tenido un llamativo bajo perfil desde que dejó el poder.
El exgobernador sigue acumulando dolores de cabeza y ahora el motivo de sus desvelos es una causa que se originó tras el juicio por la tragedia de Once, a partir de la extracción de testimonios vertidos durante el debate, para que se investiguen otros negocios relacionados con el servicio de transporte ferroviario.
A fines del año pasado, y después de 22 meses de juicio, un tribunal porteño condenó a exfuncionarios y empresarios por el choque ferroviario en el que murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas, del 22 de febrero de 2012. En la sentencia también se pidió investigar si hubo delitos al otorgar la concesión a las empresas Trenes de Buenos Aires (TBA) y Cometrans -de la familia Cirigliano- de los servicios ferroviarios conocidos como “El Gran Capitán” y el “Tren de los Pueblos Libres”. Ahora, el Fiscal Federal porteño Franco Picardi formuló el requerimiento de instrucción para iniciar la investigación. En la mira quedó el exministro Julio De Vido, pero la investigación podría extenderse a Urribarri y a Carlos Molina, que fuera coordinador de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), el organismo creado durante la primera gestión para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en la provincia.
El Fiscal consideró que existen “elementos suficientes para sospechar que en el marco de tales concesiones se cometieron distintas irregularidades que ameritaban el inicio de una investigación al respecto”. Es que TBA se hizo de la concesión de “El Gran Capitán” y el “Tren de los Pueblos Libres” a pesar de que prestaba un servicio deficiente y, en lugar de rescindir el contrato por los reiterados incumplimientos constatados por el organismo interno de control, “la autoridad oficial no habría adoptado las medidas pertinentes y permitió al consorcio empresario ampliar sus negocios”. Esa presunta connivencia entre empresarios y funcionarios, dice Picardi, debe ser investigada.
Concretamente, el fiscal pidió abrir una investigación para establecer “si en el marco del otorgamiento, por parte de los organismos oficiales correspondientes, de la concesión a las empresas Trenes de Buenos Aires SA y Cometrans SA de los servicios ferroviarios conocidos como ‘Tren Misionero’ o ‘El Gran Capitán’ y ‘Tren Binacional’ o ‘Tren de los Pueblos Libres’, se cometió alguna conducta delictiva relevante en materia penal”.
Ahora bien, ¿pueden Urribarri y Molina ser acusados penalmente en esa causa?
En principio, en el expediente está incorporada como prueba el acta acuerdo que la Provincia firmó el 23 de abril de 2009 con la Secretaría de Transporte de la Nación para el desarrollo ferroviario de Entre Ríos, que preveía aportes de 30 millones de pesos solo para ese año, según se anunció oficialmente. El Fiscal quiere saber qué fue de ese dinero y sugirió una serie de medidas, que incluyen pedidos de información y documentación a la Inspección General de Justicia (IGJ), el Ministerio de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Curiosamente, quien había advertido que esto podía pasar es Augusto Alasino. Hace algunas semanas el exsenador nacional dijo que “Urribarri está más cerca de quedar pegado con el tema de (Ricardo) Jaime” y se explayó: “En Entre Ríos jugaron con el cariño de los ferroviarios con su tren, los engañaron, compraron vagones, máquinas que nunca anduvieron. Creo que Urribarri y el que estaba abajo inmediato, que era Molina, en cualquier momento quedan pegados a costa de Jaime. Me parece que es un tema que les puede pegar cerca. En la metodología de la compra de trenes, vagones y máquinas están muy cerca de lo que hizo Jaime cuando compró los trenes usados que nunca anduvieron”. Parece que no le faltaba razón.
Ese lunes se anunció como algo más que la reactivación de un ramal ferroviario: el “Tren de los Pueblos Libres”, como fue bautizado, significaba la vuelta de un “símbolo importante de integración y unidad entre dos pueblos”. Concordia y Salto ondeaban banderas argentinas y uruguayas y vivían la fiesta de volver a estar unidas por el tren. Sin embargo, detrás de la épica del discurso, aquel 29 de agosto de 2011, nacía lo que se pretendía como un gran negocio.
Dice la crónica oficial que “la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y el gobernador (Urribarri) llegaron a Estación Ayuí a las 17.14 y luego de saludar al público presente subieron al tren de la empresa Cometrans. La formación que fuera protagonista de la jornada estaba compuesta por cuatro vagones pintados de celeste y blanco, ploteados por fuera con distintas imágenes del carnaval entrerriano y el puerto de Montevideo. De esta forma, se ve lo que podrá unir el ferrocarril a un lado y otro del río Uruguay”. Del otro lado los esperaba el mandatario uruguayo, Pepe Mujica.
Sin embargo, la euforia se apagó en poco tiempo.
El tren hizo solo cinco viajes, debió sortear problemas en las vías y falta de demanda, hasta que el servicio finalmente quedó interrumpido cuando el Gobierno le rescindió el contrato de concesión a TBA, a raíz de la tragedia ocurrida en la estación de Once.
Aquella nota sobre el viaje inaugural decía, casi como al pasar, que “en los dos primeros vagones viajaban los funcionarios y empresarios”. El dato, que parece menor, no lo es tanto. El tribunal que tuvo a su cargo el juicio por la tragedia de Once se detuvo en “los desfalcos económicos y el aprovechamiento desmesurado” de los dineros públicos que hicieron las empresas del Grupo Cirigliano. El tribunal detectó, por ejemplo, que el 29 de agosto de 2011 TBA abonó 46.606,67 pesos a la firma Baires Líneas Aéreas SA por cuatro vuelos que despegaron del aeródromo de San Fernando y aterrizaron en Concordia. Según las planillas de la Administración Nacional de Aviación Civil, viajaron Alberto Corcuera Ibáñez, Nicolás Cirigliano, Gladis Isoardi, Marcelo Calello, Marcelo Calderón, Fernando Martínez Ríos, Mariano Raimondi, Carlos Orseg Schor, Jorge Ferro, Jorge Álvarez y Silvia López, todos directivos de empresas del grupo. “Esos gastos eran absolutamente ajenos al giro comercial propio del servicio ferroviario que prestaba la empresa”, resumió.
Lo cierto es que no del entusiasmo inicial, no quedó nada; y ahora todo está en la justicia.Fuente: Juan Cruz VarelaPágina Judicial.
