El Senado comenzó analizar un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, que extiende la responsabilidad a los privados.
En la actualidad, el gran problema que se presenta es la manipulación de estos envases, que son igualmente peligrosos como la utilización de los agroquímicos, ya que en muchas oportunidades, por descuido, quedan tirados en el campo o en zonas urbanas, enterrados e incluso reutilizados para transportar agua o alimentos.
Desde hace tiempo, diversos sectores vienen planteando la problemática, elevando a nivel nacional iniciativas para requerir legislación apropiada que establezca programas de gestión adecuada de los envases vacíos.
En este sentido, “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Además de la responsabilidad del aplicador o usuario, la empresa tendrá que presentar el sistema de gestión y hacerse cargo”, señala el texto de la iniciativa.
El objetivo del proyecto busca garantizar que la gestión integral de los envases vacíos no afecte la salud de las personas ni al ambiente. Asimismo, que el material recuperado de los envases no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal o tener efectos negativos sobre el ambiente y mejorar la eficacia de la gestión, considerando las estructuras y métodos preexistentes en cada jurisdicción, de conformidad con el principio de progresividad.
En diferente escala, los llamados “defensivos agrícolas” siempre tienen algún grado de toxicidad, por mínimo que sea. Durante su aplicación, hay una serie de normas que deben respetarse para evitar accidentes, que están bastante difundidas entre los productores y los contratistas rurales. Pero no siempre sucede lo mismo con el manejo posterior de los envases, que muchas veces son reutilizados para cargar otros líquidos o quedan esparcidos en algún lugar del campo.
La Cámara de Sanidad Vegetal y Fertilizantes (Casafe) lanzó hace más de 20 años un programa denominado “Agrolimpio”, cuyo principal objetivo era generar un sistema para la recolección y la transformación de todos los envases plásticos utilizados en el campo. Pero esta iniciativa privada no prosperó todo lo que se necesitaba: esos bidones representan unas 13 mil toneladas por año de plásticos, pero este programa solo logra recolectar el 35 por ciento, unas 4.200 toneladas. Qué sucede con el resto es una incógnita. Se sabe que una porción es captada por un circuito informal de reciclaje. Pero muchas veces, esos peligrosos envases quedan tirados en los campos.
Muchas cosas pueden fabricarse con ese plástico recuperado, aunque por precaución solo se recomienda hacer artículos que no tienen contacto directo con las personas, como postes para alambrados, cajas para baterías o conos para el tránsito. A falta de quebracho, incluso existe un proyecto para comenzar a fabricar durmientes de ferrocarril.
La discusión de una ley, a juicio de los fabricantes, abre no solo las chances de obligar a todos los productores a entregar sus envases usados en los centros de acopio habilitados, sino que además permitiría generalizar una serie de “buenas prácticas” que eliminarían cualquier peligro posterior a la aplicación de los agroquímicos.
Una de esas técnicas es el “triple lavado”, que consiste en lavar con agua a presión -en tres ocasiones sucesivas- los bidones, para eliminar cualquier rastro del agroqúimico que contenía. La segunda recomendación es que el productor perfore el envase plástico ni bien termina de usarlo, como modo de evitar que algún incauto luego lo use como continente de otros líquidos, sobre todo agua.
En la provincia, la Ley de tratamiento a envases de agroquímicos, promulgada en junio de 2011 por el Poder Ejecutivo, no se aplica, ya que “no nombró autoridad de aplicación”, advirtió una fuente de la secretaría de Medio Ambiente provincial, quien subrayó que “dice lo que hay que hacer pero no establece quién”. De ese modo, la norma “es sólo una expresión de deseo”.
La iniciativa, que se aprobó en la legislatura provincial en abril de 2011, fue presentada por el entonces Senador Darío Argain (PJ, Villaguay) y con el objetivo de proteger la salud humana, los recursos naturales, los procesos ecológicos y el patrimonio de terceros de los daños contaminantes que pudieran ocasionarse como consecuencia de la dispersión de dichos envases por el territorio provincial.
Según señaló entonces el autor de la propuesta, “la producción agrícola argentina genera anualmente un volumen cercano a las 5.700 toneladas de envases que ingresan al mercado de productos fitosanitarios, cuyos residuos luego se arrojan, con enorme dispersión geográfica, en el campo, generando efectos contaminantes sobre el ambiente”.
Mientras tanto, “los envases vacíos que no fueron descontaminados retienen en su interior volúmenes de hasta 1,5 por ciento del total de los productos contenidos, una cantidad potencialmente muy peligrosa tanto para el ser humano como para los animales domésticos y el ambiente”, afirmó el médico.Fuente: AIM, IEc
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