A través de un proyecto presentado por el diputado provincial Gustavo Zavallo, en conjunto con sus pares, Juan Navarro y Diego Lara, se remarca la preocupación “por el ajuste a la inversión pública para viviendas practicada por el gobierno nacional”, quien habría exigido a las provincias renunciar al Fondo Nacional de Vivienda (FO.NA.VI.).
“Estamos hablando de una política nacional que va en claro detrimento de los trabajadores del organismo, de la creación y mantenimiento del empleo de personas afectadas a la construcción, y de las potenciales familias entrerrianas beneficiarias de las viviendas”, relató Zavallo al respecto.
El texto presentado da cuenta del detalle puntual de la deuda que Nación mantiene con la provincia en materia de fondos para viviendas, la cual asciende a casi 420 millones de pesos.
“Esta situación repercute en la creación y el mantenimiento del empleo, que se estima entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se perderán en el rubro, el perjuicio para las empresas y la imposibilidad de familias entrerrianas de acceder a una vivienda digna y a un costo accesible”, sostuvo el legislador de Viale al respecto.
A su vez y según estadísticas del IAPV, el texto subraya que hasta el momento se han presentado 2150 proyectos de viviendas, los cuales no han sido aprobados por la Nación, siendo que desde el 1° de enero de 2016 no se ha financiado la construcción de ninguna nueva obra.
Por su parte, el proyecto aborda el pedido de renuncia que Nación habría efectuado a las Provincias, lo cual generaría “un grave retroceso para la obra pública, ya que este fondo representa el único recurso que ingresa directamente por coparticipación federal a los Institutos de la Vivienda provinciales y que durante más de 40 años ha financiado la construcción de viviendas sociales. En el caso particular del I.A.P.V. este fondo configura un tercio del volumen total disponible para soluciones habitacionales de los entrerrianos y entrerrianas”, según palabras del diputado.
Más allá de esta coyuntura, “el IAPV mantiene el ritmo de obra al día y afronta el pago del cien por ciento de los certificados con fondos propios, haciendo el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos un gran esfuerzo económico, como en tantas otras áreas sensibles y que están atravesando la misma situación con la Nación”.
“Estamos hablando de una política nacional que va en claro detrimento de los trabajadores del organismo, de la creación y mantenimiento del empleo de personas afectadas a la construcción, y de las potenciales familias entrerrianas beneficiarias de las viviendas”, relató Zavallo al respecto.
El texto presentado da cuenta del detalle puntual de la deuda que Nación mantiene con la provincia en materia de fondos para viviendas, la cual asciende a casi 420 millones de pesos.
“Esta situación repercute en la creación y el mantenimiento del empleo, que se estima entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se perderán en el rubro, el perjuicio para las empresas y la imposibilidad de familias entrerrianas de acceder a una vivienda digna y a un costo accesible”, sostuvo el legislador de Viale al respecto.
A su vez y según estadísticas del IAPV, el texto subraya que hasta el momento se han presentado 2150 proyectos de viviendas, los cuales no han sido aprobados por la Nación, siendo que desde el 1° de enero de 2016 no se ha financiado la construcción de ninguna nueva obra.
Por su parte, el proyecto aborda el pedido de renuncia que Nación habría efectuado a las Provincias, lo cual generaría “un grave retroceso para la obra pública, ya que este fondo representa el único recurso que ingresa directamente por coparticipación federal a los Institutos de la Vivienda provinciales y que durante más de 40 años ha financiado la construcción de viviendas sociales. En el caso particular del I.A.P.V. este fondo configura un tercio del volumen total disponible para soluciones habitacionales de los entrerrianos y entrerrianas”, según palabras del diputado.
Más allá de esta coyuntura, “el IAPV mantiene el ritmo de obra al día y afronta el pago del cien por ciento de los certificados con fondos propios, haciendo el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos un gran esfuerzo económico, como en tantas otras áreas sensibles y que están atravesando la misma situación con la Nación”.
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